Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Un hecho de inseguridad que combinó el engaño, la sorpresa y una rápida comercialización ilegal quedó esclarecido en las últimas horas en la ciudad de Salta, culminando con una condena judicial enmarcada en tres causas acumuladas.
El episodio se remonta a la madrugada del pasado 9 de agosto, en la zona de Villa Floresta, más precisamente en las inmediaciones de la avenida Delgadillo y el pasaje Francisco Zenteno. En ese lugar, una mujer y su esposo aguardaban la llegada de un vehículo para regresar a su hogar, luego de haber participado de una celebración comunitaria en honor a la Pachamama.
De acuerdo con la investigación coordinada por el fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, y llevada adelante en la audiencia por el auxiliar fiscal Alejandro Campoccia, el acusado se acercó a la pareja en actitud cordial y comenzó a entablar una conversación de tinte amistoso para disipar cualquier tipo de sospecha.
Sin embargo, cuando la mujer se apartó unos metros para comenzar a caminar, el sujeto la siguió de cerca y le arrebató violentamente la cartera que llevaba consigo, la cual contenía en su interior dos teléfonos celulares. Tras concretar el golpe, el delincuente emprendió una veloz huida internándose por un descampado de la zona.
La denuncia de la víctima activó de inmediato las tareas de la División Investigaciones Este (DGI) de la Policía de Salta. El trabajo técnico y de campo fue clave para cerrar el cerco sobre el sospechoso:
Registros fílmicos: Las cámaras del Sistema de Emergencias 911 captaron el momento exacto de la aproximación y el seguimiento a la víctima, mientras que una cámara particular filmó al ladrón corriendo por el pasaje Francisco Zenteno con un objeto negro compatible con la cartera robada.
El rastreo del celular: A través de la identificación electrónica de uno de los aparatos y testimonios recabados, los investigadores descubrieron que el delincuente vendió uno de los celulares sustraídos por tan solo 40.000 pesos pocas horas después del robo.
Esta maniobra de comercializar un bien ajeno ocultando su procedencia derivó en que la fiscalía le sumara a la imputación el delito de estelionato, contemplado en el artículo 173 del Código Penal.
Con las pruebas reunidas, que incluyeron un allanamiento en el domicilio del acusado donde se secuestraron elementos de interés y se concretó su detención, la causa avanzó hacia la instancia de debate.
Durante la audiencia, el imputado reconoció los hechos endilgados. Ante esto, las partes acordaron la resolución mediante un juicio abreviado que abarcó tres expedientes penales. El juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino homologó el convenio y le impuso una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional, cerrando así el proceso judicial.
