Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La megacausa por narcotráfico, contrabando y lavado de dinero que sacude al norte provincial sumó un capítulo judicial de alto voltaje. Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas prófugo desde los allanamientos realizados el pasado sábado y entregado voluntariamente este miércoles en una comisaría oranense, quedó formalmente imputado y con prisión preventiva.
Durante la audiencia celebrada este jueves, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, respaldó los argumentos de la fiscalía y dictó dos meses de prisión preventiva y un plazo de seis meses de investigación para el exjefe comunal, a quien se le endilga liderar una estructura dedicada a blanquear fondos ilícitos.
Ante la imposibilidad de ser alojado en el sistema federal por falta de cupo —según detalló la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi—, la Justicia federal consiguió una plaza en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas.
De esta manera, "Conejo" Martínez se convirtió en uno de los primeros internos en ser derivado al Módulo de Gestión de Alto Perfil, un sector inaugurado el pasado 16 de agosto y diseñado especialmente para aislar a perfiles complejos con capacidad de entorpecer investigaciones, mantener vínculos con organizaciones criminales o representar un riesgo de corrupción y violencia. El magistrado descartó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa técnica, al considerar desactualizados los certificados médicos presentados.
La investigación —impulsada de forma conjunta por los fiscales generales Eduardo Villalba (Procunar NOA) y Diego Velazco (Procelac), junto a un equipo de fiscales y coadyuvantes— sostiene que la organización criminal utilizó la propia Municipalidad de Aguas Blancas como una herramienta de fachada para disimular la circulación e ingreso de capitales provenientes del narcotráfico y el contrabando.
Según la exposición del fiscal Villalba, Martínez habría invertido dinero en dólares proveniente de actividades ilícitas para financiar su campaña y llegar a la intendencia en 2023, desde donde habría ampliado una red de sociedades y contrataciones truchas. El circuito financiero investigado abarcaba tres etapas (colocación, circulación y retorno) y contaba con la presunta complicidad de familiares, contadores y operadores logísticos.
Con la detención de Martínez, ya suman 12 los imputados en la causa, de los cuales siete permanecen con prisión preventiva y cuatro en libertad con restricciones (prohibición de salir del país y controles periódicos).
La nómina de acusados incluye a su círculo más cercano:
Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez (hijos).
Nancy Mirta Cordero (exmujer) y Tamara Tapia (actual pareja).
María Cristina Flores (identificada por la defensa como hija).
Los contadores Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro (este último en libertad).
Los operadores logísticos Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú y Mauro Alberto Rojas.
Mientras la fiscalía investiga presuntas filtraciones de información que le habrían permitido a Martínez mantenerse prófugo durante varios días, la causa continúa sumando elementos probatorios extraídos de más de 35 teléfonos celulares y documentación contable secuestrada en los operativos.
