Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Un nuevo escándalo institucional sacude a la fuerza de seguridad provincial tras confirmarse un megaoperativo antidrogas en la ciudad de Embarcación, el cual derivó en el apartamiento preventivo de dos efectivos policiales que habrían estado vinculados a una red de comercialización de estupefacientes.
El procedimiento, que se concretó este martes a la madrugada, fue el corolario de una paciente investigación llevada adelante por la Dirección General de Drogas Peligrosas bajo las directrices de la Fiscalía Penal de Embarcación, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737).
El despliegue simultáneo incluyó 14 allanamientos en distintos puntos de la ciudad norteña. Como resultado de las requisas, la Policía concretó la demora de ocho personas —seis mujeres y dos hombres—, entre los cuales figuran los dos numerarios de la fuerza: un Sargento Ayudante y un Sargento en actividad, varios de ellos con antecedentes por causas de similar tenor.
Durante la ejecución de las medidas judiciales, los investigadores secuestraron material probatorio clave para el expediente, destacándose:
Dosis fraccionadas de cocaína y marihuana.
Dispositivos de telefonía celular y equipos informáticos.
Sumas de dinero en efectivo.
Elementos de corte, estiramiento y otros objetos de interés para la causa.
Ante la gravedad institucional de que efectivos de la propia fuerza formen parte o encubran a una red narcocriminal, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía actuaron con celeridad.
A través de una medida administrativa preventiva, ambos policías fueron inmediatamente apartados de sus funciones y puestos a disposición de la Justicia. En paralelo, se dispuso la intervención de la Oficina General de Asuntos Internos para sustanciar el sumario administrativo correspondiente y establecer el grado de responsabilidad y posible complicidad de los uniformados.
Desde la cartera de seguridad señalaron que este tipo de acciones ratifica la política de depuración permanente de la institución, remarcando que cualquier integrante que incurra en hechos incompatibles con la función pública será investigado y apartado sin excepciones.
