Finca Las Costas: el Senado aprobó la cesión de tierras a Tigres Rugby Club y la comunidad Lule pelea para no ser desalojado

La Legislatura provincial sancionó la ley que otorga casi 9 hectáreas en comodato por 25 años a la institución deportiva en el municipio de San Lorenzo. La medida generó un fuerte cortocircuito institucional y social: más de 50 familias de la comunidad indígena Lule denuncian que se vulneraron sus derechos constitucionales al no haber sido consultados, mientras exigen el veto del gobernador Gustavo Sáenz y preparan acciones judiciales internacionales.
Salta07/10/2026NicolásNicolás

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FRENTE A FRENTE.-Una nueva controversia sacude a la provincia de Salta tras la sanción legislativa que autoriza la cesión en comodato por el plazo de 25 años de casi 9 hectáreas pertenecientes a Finca Las Costas a favor de Tigres Rugby Club. El objetivo institucional de la entidad deportiva es ampliar su infraestructura en la zona, pero la decisión política desató un conflicto de alta tensión con los habitantes originarios del lugar.

La iniciativa, impulsada en el marco de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, recrudeció el debate sobre el uso de los espacios fiscales y los derechos de los pueblos originarios en zonas de alto valor inmobiliario y turístico como el municipio de San Lorenzo.

El reclamo de la comunidad Lule: sin consulta y con temor a desalojos

Desde el sector afectado, representantes de la comunidad indígena Lule salieron al cruce de la medida aprobada por el Senado provincial y manifestaron un categórico rechazo.

Los pobladores denuncian que la ley avasalla de manera directa sus derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, incumpliendo específicamente con el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada ante cualquier medida administrativa que afecte sus territorios ancestrales.

Según advirtieron las familias locales, más de 50 grupos familiares se encuentran en inminente riesgo de desalojo y de demolición de sus viviendas tradicionales, un escenario que encendió las alarmas de organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos de la región.

Protestas y judicialización del conflicto

Ante la sanción de la normativa, la resistencia comunitaria no tardó en trasladarse a las calles con marchas y protestas públicas en reclamo de que el Poder Ejecutivo frene la iniciativa.

Los referentes indígenas y sus asesores legales adelantaron que formalizarán recursos judiciales provinciales e instancias internacionales para frenar lo que consideran un «despojo territorial». La exigencia central elevada al mandatario provincial es contundente: que el gobernador Sáenz vete la ley antes de su promulgación definitiva, abriendo un canal de diálogo que evite una escalada mayor en el predio de Finca Las Costas.

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