Nicolás
FRENTE A FRENTE.-A pesar de que el debate en el recinto se vislumbra complejo y con escasas probabilidades de tratamiento inmediato, la agenda electoral legislativa sumó un fuerte contrapunto. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia impulsará un proyecto de ley destinado a poner fin a la costosa Boleta Única Electrónica (BUE) para dar paso al desembarco de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que debutó a nivel nacional el año pasado.
De acuerdo con lo consignado en el acta de labor parlamentaria, la iniciativa ingresó sin contar con dictámenes previos de comisiones. El texto completo plantea derogar la Ley 7730 —norma que en su momento instituyó el voto electrónico en territorio salteño— y modificar en consecuencia el Código Electoral Provincial.
El documento lleva las firmas de los legisladores libertarios Eduardo José Virgili, Andrés Ariel Nicolás Arce, Claudio José Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids Cornejo, Fernanda Carmen Emilia Domínguez, Alejandro Jesús Esper, Franco Agustín Lastra y Sergio Mauricio López.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el bloque impulsor para traccionar la discusión gira en torno al factor económico. En los fundamentos del proyecto, los legisladores recordaron que los comicios provinciales demandaron un desembolso de $5.500 millones destinado a cubrir el contrato adjudicado a la firma Magic Software Argentina (MSA).
Dicho servicio integral contempló la provisión de las terminales de votación, el soporte de software, las boletas con chip incorporado, la asistencia técnica en los centros de sufragio y el despliegue del escrutinio provisorio.
Frente a esa abultada erogación, la bancada libertaria contrapuso una estimación presupuestaria de $1.200 millones para instrumentar el uso de boletas de papel, tomando como base un padrón electoral que asciende a 1.116.735 electores en toda la provincia.
Más allá de la cuestión presupuestaria, los autores del proyecto sostienen en los fundamentos que la Boleta Única de Papel resulta un instrumento "mucho más económico", ágil y transparente para el votante.
Asimismo, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos históricos hacia el sistema electrónico, deslizando reparos vinculados a eventuales fallas técnicas en la selección y la impresión física del sufragio, así como también a los supuestos riesgos de manipulación tecnológica que, según advierten, ponen bajo lupa la confianza ciudadana en el escrutinio. Se trata, por cierto, de los argumentos esgrimidos por el espacio impulsor que ahora deberán atravesar el filtro de la discusión legislativa en comisiones.
