La imputabilidad baja a los 14 años y cambia el abordaje de los menores ante la Justicia

La Ley 27.801 entra en vigencia este 5 de septiembre e incorpora al sistema penal a los adolescentes de entre 14 y 17 años. Los especialistas aclaran que la prisión será el último recurso, priorizando la reparación del daño, la concientización y la reinserción social.
Salta02/09/2026NicolásNicolás
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FRENTE A FRENTE.-A partir de este 5 de septiembre comenzará a regir formalmente en todo el país la Ley 27.801 del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, una normativa que marca un hito en el abordaje judicial de los menores en conflicto con la ley penal. La principal modificación estructural es la incorporación al sistema penal de los adolescentes de desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, franja que hasta ahora quedaba exenta de imputabilidad para la mayoría de los delitos.

En diálogo sobre los alcances de la ley, el Defensor Oficial Penal Juvenil Nº 1, Dr. Carlos Flores, y la secretaria Penal Juvenil Nº 1, Dra. Marta Vigeras, remarcaron que el espíritu central de la norma es generar conciencia de responsabilidad jurídica en los jóvenes, sin que esto signifique una política de encarcelamiento masivo.

Responsabilidad, mediación con la víctima y límites a las penas

Los funcionarios judiciales destacaron que la entrada en vigencia del nuevo régimen busca que los adolescentes comprendan que cada acto tiene consecuencias. Sin embargo, aclararon que la pena privativa de la libertad será la última ratio del sistema, contemplando previamente amonestaciones, tareas comunitarias, prohibición de acercamiento y procesos de conciliación directa con las víctimas.

Entre las principales claves procesales y garantías de la Ley 27.801 se destacan:

  • Delitos más frecuentes: Se prevé una mayor intervención en delitos contra la propiedad, abusos sexuales (haciendo hincapié en la concientización sobre el consentimiento en noviazgos adolescentes) y ciberdelitos o amenazas en ámbitos escolares.

  • Prohibición de prisión perpetua: Queda expresamente prohibida la pena de prisión perpetua para menores de edad, y se establece un tope máximo de 15 años de prisión para cualquier condena juvenil.

  • Infraestructura en Salta: La capital provincial cuenta con juzgados, fiscalías y defensorías especializadas, además de centros de detención exclusivos (Castañares, Instituto Michel Torino en Cerrillos e Instituto del Tránsito para mujeres), aunque reconocieron que el interior provincial aún requiere mayor equipamiento.

Asimismo, los especialistas enfatizaron el rol clave de la familia, docentes y referentes comunitarios para acompañar esta transición, recordando que se trata de personas en etapa de formación. En ese sentido, la Defensoría Penal Juvenil Nº 1 confirmó que iniciará un ciclo de charlas informativas en establecimientos educativos de la provincia.

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