Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La situación judicial del intendente de Pichanal, Julio Jalit, suma un capítulo determinante en la vecina provincia de Jujuy. Durante la mañana de este martes, el fiscal penal de Ledesma, Liam Resúa, solicitó formalmente la imputación del jefe comunal por el delito de homicidio culposo, en relación con el trágico siniestro vial ocurrido el pasado 18 de agosto sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso a Calilegua.
Aquel día, alrededor de las 6:15 de la mañana y bajo una intensa lluvia, la camioneta manejada por Jalit impactó de lleno contra la parte trasera de la motocicleta en la que se desplazaba Rubén Marino Guitián, quien perdió la vida en el acto. Tras la colisión, el vehículo del mandatario terminó desbarrancando en un canal de la zona.
Exceso de velocidad y desmentida sobre testigos
En relación a la mecánica del hecho, el fiscal Resúa remarcó que, a partir de las pericias preliminares, "se puede inferir claramente que la velocidad era mayor a la permitida en esa zona", dato que terminará de precisarse con el informe accidentológico definitivo previo al control de acusación y el posterior juicio oral.
Por otra parte, el representante del Ministerio Público de Jujuy desmintió categóricamente las versiones difundidas por el entorno legal de Jalit:
"En la causa no hay testigos directos del hecho. Hemos obtenido los testimonios de los policías, de la gente del SAME y en ningún momento se acreditó la presencia de un testigo presencial que haya visto el accidente".
La aclaración destruye la postura del abogado personal y asesor municipal de Jalit, Joaquín Vélez, quien sostuvo públicamente haber presenciado el choque desde otro rodado e instó que la víctima circulaba sin luces ni casco. Respecto a la visibilidad y luces de la moto, la fiscalía aclaró que solo el peritaje técnico sobre los restos del rodado determinará si estaba apto para circular.
Finalmente, el fiscal aclaró que, al tratarse de un delito de escala culposa, la normativa procesal no prevé medidas de prisión preventiva o privación de la libertad, siempre y cuando el imputado se mantenga a derecho y cumpla con las citaciones judiciales.
