Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La Cámara de Diputados de Salta quedó envuelta en una severa polémica institucional tras blindar a dos de sus integrantes imputados en causas penales. Durante la sesión ordinaria, la mayoría de los legisladores rechazó tratar un pedido impulsado por el diputado Franco Lastra (La Libertad Avanza) para abrir el debate sobre la suspensión preventiva de Francisco Gerardo Orellana y Héctor Raúl Vargas.
Aunque ambos conservan la presunción de inocencia, la iniciativa no buscaba dictar un fallo condenatorio, sino debatir la conveniencia ética y política de que continúen legislando mientras enfrentan investigaciones judiciales de alta gravedad. Al no alcanzarse los votos para habilitar la discusión sobre tablas, la Cámara resolvió cerrar filas.
Orellana y la causa por pensiones en Anta
El diputado por el departamento Anta, Francisco Gerardo Orellana, fue formalmente imputado esta semana por la Justicia Federal junto a otras 14 personas. El fiscal Carlos Martín Amad le atribuye los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, durante su gestión como intendente de El Quebrachal, Orellana habría avalado el otorgamiento irregular de pensiones no contributivas por discapacidad a personas que no cumplían los requisitos, presuntamente a cambio de votos y retribuciones económicas en efectivo.
Vargas, bajo la lupa de Delitos Económicos
Por su parte, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) imputó provisionalmente al exintendente de San Carlos y actual diputado, Héctor Raúl Vargas, por peculado, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Entre las irregularidades investigadas se destaca la compra no autorizada de un terreno por $15 millones donde resta justificar el destino de $1,8 millones, fondos no rendidos del programa nacional PROTAAL, y la emisión de 18 cheques de las arcas municipales por más de $64 millones sin documentación respaldatoria.
Pese al peso de las causas judiciales en curso, ambos legisladores mantendrán sus bancas, fueros y funciones de manera habitual en el recinto.
