Nicolás
La fiscalía especializada en Delitos Económicos Complejos (UDEC) logró la condena de Patricia Jimena Vidaurre, la mujer detrás de la financiera trucha conocida como “Inversiones Alyson”, tras alcanzar un acuerdo de juicio abreviado por 48 hechos de estafas reiteradas.
Durante la audiencia de revisión de prisión preventiva, el secretario letrado de la UDEC, Walter Inda, presentó la calificación legal y el conjunto de pruebas recolectadas. El juez Nicolás Rodríguez Pipino homologó el acuerdo tras recibir la confesión formal de la imputada y el aval de los abogados querellantes.
La pena y el resarcimiento económico
Vidaurre fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional (por lo que no irá al penal, salvo que incumpla las reglas) y se le dispuso la inmediata libertad. No obstante, el fallo judicial estableció un duro esquema de reparación económica e imposiciones:
Compensación financiera: Deberá pagar $35.000.000 a los damnificados, suma que abonará en nueve cuotas consecutivas.
Inmueble embargado: Se ordenó la traba de embargo sobre una propiedad de la condenada como garantía hasta que cancele la totalidad del dinero prometido a las víctimas.
Reglas de conducta y trabajo comunitario: Por tres años deberá fijar domicilio, no abusar de bebidas alcohólicas ni sustancias, y realizar semanalmente tareas de limpieza en la comisaría más cercana a su vivienda.
El esquema de engaño de "Inversiones Alyson"
La causa judicial se abrió en agosto de 2025, cuando decenas de personas denunciaron haber sido engañadas por una red que captaba dinero mediante grupos de WhatsApp. La firma prometía rendimientos semanales de entre el 40 % y el 60 % sobre el capital depositado.
Al principio, la banda entregaba las ganancias en tiempo y forma para generar confianza. Esa falsa liquidez provocó que los inversores incrementaran sus aportes y convocaran a familiares y amigos. Luego de un tiempo, los pagos se congelaron y los administradores cortaron todo tipo de comunicación.
El 28 de agosto de 2025, la UDEC detuvo a Vidaurre junto a su pareja y al hijo de este (quienes continúan imputados en la causa). En allanamientos ejecutados en la capital salteña y en Rosario de Lerma se secuestró documentación clave y se inmovilizaron cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Aunque la imputación inicial contemplaba 32 estafas, el flujo de denuncias, pericias a chats y comprobantes bancarios elevó la cifra definitiva a 48 víctimas confirmadas.
