Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas suma un nuevo capítulo de tensión. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), junto a diversas organizaciones del sector, anunció un paro nacional de 48 horas convocado para los días 27 y 28 de agosto, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Bajo la consigna "La universidad pública no se rinde", los representantes sindicales exigen al Poder Ejecutivo que ejecute las partidas presupuestarias previstas por la norma aprobada y ratificada por el Congreso, así como por fallos de la Justicia federal.
Pérdida del poder adquisitivo y éxodo de docentes
Según relevamientos difundidos por las entidades gremiales, los salarios de los trabajadores del sector universitario sufrieron una caída cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Para recuperar el nivel de ingreso real correspondiente a fines de 2023, estiman que se requiere una recomposición salarial superior al 50%.
El impacto económico no solo afecta los ingresos del personal, sino también el normal funcionamiento de las facultades y la continuidad de los programas de becas estudiantiles. Datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten un alarmante éxodo profesional: se registraron más de 10.000 renuncias de docentes e investigadores en todo el país, con casos críticos como los de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (438 dimisiones) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que supera las mil bajas.
Hacia una nueva marcha federal universitaria
El secretario general de la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, remarcó la importancia de articular una respuesta conjunta: "Buscamos acciones coordinadas entre todos los sindicatos docentes y no docentes para encaminarnos a una nueva marcha nacional universitaria". En ese sentido, consideró que la problemática salarial responde a una decisión política que solo se destrabará mediante la movilización popular.
Por su parte, desde la Asociación Gremial de Docentes de la UBA (AGD UBA) rechazaron fuertemente las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien calificó las medidas de fuerza como "ilegales" y "de motivación política". Desde la entidad gremial catalogaron sus dichos como un ataque a la organización sindical independiente y ratificaron que los paros continuarán mientras no exista una respuesta concreta al reclamo presupuestario.
Tras el fracaso de la audiencia de mediación llevada a cabo el viernes pasado ante el juez federal Martín Cormick, la comunidad universitaria mantiene la expectativa puesta en la reunión paritaria convocada para el próximo 1º de septiembre, mientras alista el plan de lucha en todas las unidades académicas del país.
