Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Jujuy promovió acción penal por el delito de “homicidio culposo ocurrido por la conducción de un vehículo automotor” contra el intendente de Pichanal, Julio Jalit. La medida judicial responde al siniestro vial registrado en la mañana del pasado martes 18 de agosto sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso norte a Calilegua.
El trágico hecho se produjo cerca de las 6:15 cuando la víctima, Rubén Marino Guitián (40 años), salía de cumplir su jornada laboral en el sector Yapeyú del Ingenio Ledesma a bordo de una motocicleta Guerrero Trip 110 cc. En ese trayecto fue embestido por una camioneta Toyota Hilux oficial del Municipio de Pichanal conducida por Jalit (60).
A raíz del violento impacto, el trabajador sufrió gravísimas lesiones en la cabeza que le provocaron la muerte de manera instantánea, mientras que la camioneta municipal terminó despistada en la banquina. Los exámenes de rigor confirmaron que la alcoholemia del jefe comunal dio resultado negativo, por lo que las autoridades dispusieron que permanezca en libertad a disposición de la fiscalía mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
El trágico siniestro vial en Jujuy vuelve a poner bajo el foco mediático el comprometido frente judicial que el intendente norteño arrastra en la provincia de Salta. Aunque actualmente ejerce nuevamente la jefatura comunal tras ganar las elecciones de 2023, Jalit enfrenta una compleja causa por corrupción que involucra un millonario fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito.
La investigación, que data del año 2019 y se encuentra paralizada por constantes maniobras de su defensa, le atribuye un extenso listado de delitos graves:
Fraude y malversación: Imputado por estafa a la administración pública, peculado de servicios, negociaciones incompatibles con la función pública y emisión de casi 1.400 cheques irregulares por más de $23 millones sin respaldo documental.
Patrimonio injustificado: La fiscalía determinó que acumuló una fortuna superior a los 500 millones de pesos —incluyendo más de una decena de fincas, maquinarias agrícolas y vehículos de alta gama— que no coinciden con sus ingresos como funcionario público.
Contaminación ambiental: Imputado por autorizar el vertido de residuos domiciliarios, patógenos y líquidos cloacales en terrenos privados, provocando fallos condenatorios contra el propio municipio.
Red de testaferros: La causa salteña imputa a otras ocho personas de su entorno, entre ellos familiares, abogados y comerciantes utilizados para triangular fondos públicos a través de empresas privadas, estaciones de servicio y farmacias.
A pesar de que el juicio oral y público por estos delitos económicos estaba programado para comenzar en noviembre de 2025, la audiencia fue suspendida sin fecha fijada, postergando la rendición de cuentas del polémico dirigente.
