Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Ante al riesgo inminente de paralización o rescisión de contratos por parte de las empresas constructoras, el gobernador Gustavo Sáenz confirmó que la provincia de Salta continuará financiando con recursos propios la ejecución de obras estratégicas que le corresponden a la Nación.
El mandatario ratificó que reclamará formalmente la devolución de cada peso invertido: "Estamos aportando recursos provinciales para que las empresas puedan continuar trabajando y las obras no se paralicen, a la espera de que la Nación cumpla con los fondos comprometidos". Asimismo, enfatizó que "vamos a seguir defendiendo lo que nos corresponde y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, porque los salteños no podemos seguir esperando".
La inyección económica de las arcas provinciales sostiene actualmente tres puntos neurálgicos de infraestructura vial en Salta:
Ruta Nacional 9/34 (Tramo Rosario de la Frontera - Metán): Se avanza en la recuperación de la traza actual. Salta destinará entre $2.800 y $3.000 millones, tras haber cancelado previamente una deuda previa de $570 millones para posibilitar el inicio de los trabajos.
Puente sobre el Río Vaqueros y circunvalación: Intervención financiera para garantizar la continuidad de la estructura y sus accesos.
Ruta Nacional 51 (Tramos 2 y 3): La Provincia asumió un porcentaje del costo para preservar la operatividad del corredor bioceánico que une la Puna salteña con los puertos del Pacífico.
"Es responsabilidad del Gobierno nacional hacer, cuidar y mantener rutas nacionales con los impuestos que pagan todos los argentinos cuando cargan combustible", recriminó Sáenz, asegurando que "las obras quedan para los salteños, para nuestros hijos y nuestros nietos; por eso voy a pelear por cada peso que nos deben".
El reclamo del Gobierno salteño se sustenta en la acentuada asimetría que registra la transferencia de fondos viales desde el Ejecutivo nacional.
Según datos oficiales, Salta recibió solo el 4,64% de los fondos nacionales destinados a rutas, lo que equivale a $3.950 millones. La cifra cobra relevancia al comparar el reparto regional: la vecina provincia de Jujuy percibió casi el triple de esos recursos, lo que reaviva las críticas de los gobernadores por la distribución discrecional de la obra pública.
