Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Emanuel Alejandro Ocaña Francia presentó una acción de daños y perjuicios contra la firma farmacéutica AstraZeneca S.A. y el Poder Ejecutivo Nacional, reclamando una indemnización total de $191.066.282,99. El salteño atribuye los severos problemas de salud que atraviesa a las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 que se aplicó en 2021 (la primera el 17 de junio, lote 77534, y la segunda el 29 de agosto, lote 77785).
Según la demanda, tras la primera dosis comenzaron los intensos dolores de cabeza, cansancio y episodios de hemorragia nasal con hipertensión. Luego de la segunda inoculación, el cuadro se agravó drásticamente con crisis convulsivas y múltiples internaciones.
Uno de los pilares probatorios de la demanda es un certificado médico con nexo causal emitido el 20 de agosto de 2024 por el Dr. Agustín Muñoz, del Sanatorio San Roque de Salta, junto al registro oficial como Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).
En dicho documento se hace referencia explícita a un síndrome de trombocitopenia-trombosis postvacunación con AstraZeneca y se detallan graves complicaciones:
Múltiples accidentes cerebrovasculares (ACV) y lesiones cerebrales con deterioro cognitivo.
Convulsiones recurrentes y cuadros de epilepsia.
Compromiso renal severo con proteinuria prolongada.
Tratamientos permanentes con anticoagulantes, antiepilépticos, antihipertensivos e inmunomoduladores.
El recorrido hospitalario de Ocaña incluye una internación en octubre de 2022 en el Hospital San Bernardo de Salta por convulsiones tónico-clónicas e hipertensión severa, y estudios en noviembre de 2023 en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se le diagnosticó síndrome antifosfolípido, plaquetopenia severa y lesiones isquémicas.
A pesar del certificado médico presentado por la querella y de un informe particular de noviembre de 2024 que estimó una incapacidad del 70%, la existencia del nexo de causalidad es la controversia central que deberá dirimir la Justicia.
La defensa del demandante solicitó la realización de una pericial médica oficial para que peritos designados analicen la totalidad de las historias clínicas y determinen si las afecciones neurológicas, renales y vasculares son directamente atribuibles a los efectos adversos de la vacuna, así como el carácter reversible o irreversible de las secuelas.
