Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Un esquema delictivo dedicado a la comercialización fraudulenta de inmuebles llegó a su fin en la justicia salteña. En un juicio abreviado, el letrado Santiago Pedroza fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitado para ejercer la abogacía tras reconocer su liderazgo en una estructura dedicada a vender terrenos ajenos e inhabitables. Junto a él, Roberto Fernando López, un falso abogado que captaba a las víctimas, también recibió una pena idéntica.
La causa fue llevada adelante por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, integrantes de la Unidad Fiscal, quienes representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia presidida por el juez del Distrito Judicial Centro, Diego Rodríguez Pipino.
La investigación judicial logró desmantelar la maniobra con la que operaba esta asociación ilícita. El modus operandi consistía en captar a personas interesadas en adquirir inmuebles para luego comercializarles terrenos ajenos situados en zonas de alto riesgo de inundación y completamente inapropiadas para el asentamiento humano.
Dentro de esta red, las funciones estaban claramente delimitadas:
Santiago Pedroza cumplía un rol central y de liderazgo dentro de la organización criminal, valiéndose de su condición de profesional del derecho para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Roberto Fernando López actuaba como nexo con los damnificados. Utilizaba una identidad falsa y se hacía pasar por letrado para realizar las gestiones previas y facilitar el engaño.
Tras la confesión lisa y llana de los acusados y la aceptación total de los hechos imputados, el juez Rodríguez Pipino homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Pedroza fue hallado autor de los delitos de asociación ilícita, estafas y usurpación de propiedad. Además de la pena de tres años de prisión en suspenso y el cumplimiento de pautas de conducta, se le impuso una inhabilitación especial de cinco años para ejercer la abogacía, medida sobre la cual ya se ordenó librar los oficios correspondientes a los organismos matriculares. Asimismo, deberá abonar una suma superior a los 21 millones de pesos en concepto de reparación del daño económico causado a las víctimas.
Por su parte, López resultó condenado como autor de asociación ilícita y ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión en concurso real. Al igual que Pedroza, recibió una pena de tres años de prisión condicional, sujeta a reglas de conducta, y se le fijó un resarcimiento económico de 3 millones de pesos para reparar el perjuicio ocasionado.
Con esta resolución, la Justicia sienta un precedente sobre las maniobras de especulación inmobiliaria fraudulenta que vulneran la buena fe de los compradores y juegan con la necesidad habitacional.
