Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La causa Vialidad acaba de cruzar las fronteras nacionales para instalarse en el plano internacional. Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme en junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, el equipo legal de la expresidenta confirmó el inicio de una nueva ofensiva judicial: una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en el NH Hotel de Buenos Aires por el abogado argentino Carlos Beraldi, acompañado por el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. La meta central de la defensa es activar una comunicación individual ante el organismo de Ginebra para argumentar que el Estado argentino violó las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso que investigó la obra pública en Santa Cruz.
Aunque los pronunciamientos del Comité de la ONU —integrado por 18 expertos independientes— no son directamente vinculantes para la justicia doméstica ni anulan la sentencia de forma automática, el entorno de la exmandataria confía en el peso político e institucional de una eventual resolución favorable.
El planteo más urgente pasa por una medida cautelar. Según precisó el abogado Rafael Valim, la defensa solicitó formalmente la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que hoy le impide a Fernández de Kirchner competir en elecciones. Según los letrados, dicha medida cautelar podría resolverse hacia octubre de este año. Las otras solicitudes de urgencia apuntan a revisar las condiciones de su prisión domiciliaria y la actuación de la Corte Suprema argentina.
La estrategia busca replicar la maniobra aplicada en Brasil por Luiz Inácio Lula da Silva tras los juzgamientos de la causa Lava Jato. Valim, quien integró el equipo defensivo del mandatario brasileño, apeló a aquel antecedente donde la ONU concluyó que se habían vulnerado derechos fundamentales, un precedente que reconfiguró la legitimidad del líder del PT antes del fallo definitivo del Tribunal Supremo de su país.
El escrito que llegará a Ginebra denunciará irregularidades procesales, cuestionamientos sobre la prueba pericial (restringida a 5 de las 51 obras investigadas), presuntas violaciones al principio de cosa juzgada y arbitrariedades en la incorporación de material probatorio en etapas avanzadas del juicio. Asimismo, el exjuez español Javier Borrego fundamentó la denuncia en un ambiente de "hostilidad" y machismo estructural en la justicia local.
A la par de la conferencia de prensa en Buenos Aires, la expresidenta desplegó una jugada de diplomacia pública al publicar una columna de opinión de manera simultánea en los diarios El País (España) y Libération (Francia). En el texto, advirtió sobre la "erosión democrática" a través del uso del Poder Judicial para proscribir dirigentes políticos, denunció el rol de la justicia en la alteración del sistema democrático y enmarcó la condena dentro del clima de violencia política que tuvo su punto más crítico en el atentado sufrido en septiembre de 2022.
Aun a sabiendas de que una revisión de fondo por parte de la ONU puede demorar años, la exmandataria busca abrir un frente externo que alimente el debate político interno sobre su inhabilitación y la validez de su condena.
