Nicolás
FRENTE A FRENTE.-En una jornada legislativa marcada por la agenda de seguridad pública, el Senado de la Provincia de Salta dio este jueves un fuerte impulso a dos iniciativas que buscan combatir el delito organizado desde el interior de las prisiones y regularizar el uso del espacio público en las calles salteñas.
Por un lado, el cuerpo legislativo otorgó media sanción al proyecto que prohíbe de forma taxativa el ingreso y uso de teléfonos celulares en cárceles y comisarías. Por el otro, la Cámara Alta insistió con el texto original de la reforma del Código Contravencional, rechazando las modificaciones de la Cámara de Diputados, con el fin de endurecer las sanciones contra los denominados "trapitos".
La iniciativa para restringir la tecnología en los centros de detención fue impulsada por los senadores Juan Cruz Curá y Gonzalo Caro Dávalos. El texto establece la prohibición del ingreso, la tenencia, el uso, la facilitación y la comercialización de teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo de comunicación por parte de personas privadas de la libertad en toda la provincia.
El objetivo central es desmantelar las redes que operan desde los penales organizando extorsiones, amenazas, secuestros virtuales y otras maniobras delictivas. Para garantizar su efectividad, el proyecto contempla:
La instalación de inhibidores de señal en los perímetros carcelarios.
El fortalecimiento de los controles de ingreso en los establecimientos.
Mecanismos controlados para que los internos se comuniquen con familiares y abogados mediante líneas autorizadas y supervisadas.
"No implica un agravamiento de las condiciones de detención, sino que busca impedir que quienes cumplen condenas continúen cometiendo delitos desde prisión. Queremos que quien esté cumpliendo una condena no pueda seguir cometiendo delitos desde adentro", defendió el senador Caro Dávalos durante el debate.
En la misma sesión, el Senado resolvió plantarse frente a la reforma del Código Contravencional aprobada originalmente en diciembre de 2025. Al rechazar los cambios introducidos por Diputados por considerar que "desvirtuaban la esencia" de la norma, la Cámara Alta ratificó su postura de endurecer los castigos para quienes exijan dinero de manera indebida por el cuidado de vehículos en la vía pública.
La ley ratificada deja en claro que únicamente podrán desarrollar la actividad de cuidacoches aquellas personas que cuenten con la autorización municipal o estatal correspondiente.
Al respecto, el senador Dani Nolasco argumentó que la prioridad es cuidar a los ciudadanos que asisten a espectáculos deportivos, culturales o sociales, quienes a menudo entregan dinero por temor a sufrir represalias o daños en sus rodados. "Lo que buscamos es proteger a las víctimas y dejar en claro que solo quienes cuenten con autorización podrán prestar ese servicio", concluyó el legislador.
