Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El Gobierno de la Provincia de Salta se prepara para mover nuevamente sus fichas en un área crítica. A un año y medio de haber sido designado en reemplazo de Marcelo Domínguez, Gaspar Solá Usandivaras dejaría la conducción del Ministerio de Seguridad y Justicia. Su destino final sería la Asesoría General de Incapaces, lugar que quedó vacante tras la salida de Mirta Lapad.
Según confiaron fuentes oficiales, la conducción de la cartera no saldría de la estructura actual: en reemplazo de Solá Usandivaras asumiría Nicolás Avellaneda, quien hasta el momento se viene desempeñando como secretario de Seguridad y segundo en el organigrama ministerial. Con este ascenso, el gobernador Gustavo Sáenz apostaría por la continuidad interna para evitar mayores sobresaltos en una transición que se terminaría de cerrar en cuestión de horas.
Este movimiento confirmaría a Seguridad como la cartera que más cambios de conducción experimentó desde el inicio de la administración de Sáenz. De oficializarse el traspaso, Avellaneda se convertiría en el quinto funcionario en liderar el área.
La cronología de conducciones refleja la constante búsqueda de rumbo en la estructura ministerial:
Juan Manuel Pulleiro (2019–2021)
Abel Cornejo (2021–2022)
Marcelo Ramón Domínguez (2022–2025)
Gaspar Javier Solá Usandivaras (2025–actualidad)
Nicolás Avellaneda (De confirmarse en las próximas horas)
El todavía ministro pasaría a ocupar un rol de enorme peso institucional y judicial. La Asesoría General de Incapaces ejerce la jefatura sobre todos los asesores de incapaces, curadores oficiales y funcionarios del Ministerio Público Pupilar, dictando las instrucciones que regulan el funcionamiento operativo en los fueros judiciales y administrativos.
Además, Solá Usandivaras pasaría a integrar el Colegio de Gobierno junto al Procurador General y al Defensor General de la Provincia, el órgano clave que fija las políticas del Ministerio Público y maneja sus facultades económicas, reglamentarias y de superintendencia.
Cabe destacar que, según el artículo 165 de la Constitución Provincial, para acceder a este cargo se deben reunir los mismos requisitos exigidos para ser Juez de la Corte de Justicia. El nombramiento tiene una duración de seis años con posibilidad de reelección.
