Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Dentro de 48 o 72 horas, estiman en la Casa Rosada, se conocerá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con desregulaciones en la economía e incluirá la reforma laboral a la que apostará el gobierno de Javier Milei, en un contexto de “emergencia”, para darle “previsibilidad” a la relación entre empresarios y sindicalistas y “favorecer la generación de empleo”.
El paquete laboral fue elaborado originalmente por los expertos de La Libertad Avanza y luego fue revisado por el flamante secretario de Trabajo, Omar Yasín, hasta pasar a manos de Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos, quien pilotea una amplia revisión de normas para “modernizar” la economía.
En el capítulo laboral, el DNU incluirá, por ejemplo, la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados; la habilitación para crear un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, que será voluntario y deberá negociarse en los convenios colectivos; la extensión del período de prueba de los trabajadores, que pasará a ser de 8 meses (actualmente es de 3 meses); la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% y se excluirán de la base de cálculo rubros como sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales, y la incorporación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, con la idea de ayudar a que emprendedores o monotributistas puedan contratar personal, con aportes a la seguridad social y ART.
Por su parte, el sindicalismo está en alerta, ya que el DNU aplicará la regulación del derecho de huelga mediante la incorporación de la educación y el transporte entre los servicios esenciales, con el mantenimiento del 50% de la actividad normal, y la inclusión de los bloqueos sindicales como causal de despido para desalentar las protestas extorsivas que cortan el acceso a las fábricas o impiden la entrada de los trabajadores.
