Nicolás
FRENTE A FRENTE.-En un fallo contundente, la jueza Victoria Montoya declaró penalmente responsable a Alberto Gabriel Guaymás, un efectivo de la policía provincial, por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de dos menores de edad. El veredicto llega tras un proceso judicial donde se demostró cómo el acusado utilizó su función pública y la confianza de los entornos familiares para cometer los abusos.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, quien durante sus alegatos de clausura afirmó que el Ministerio Público Fiscal logró derribar el estado de inocencia del imputado con pruebas irrefutables. Guaymás fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming.
Los hechos damnificaron a una niña que tenía 5 años al momento del ataque y a una adolescente de 12. Según la fiscalía, el ahora condenado:
«Aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias. Lejos de honrar su función, quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad».
En el caso de la niña de 5 años, el abuso se perpetró en un ámbito de estricta intimidad. Pese a la ausencia de testigos directos, Morales Torino destacó que el relato de la víctima se mantuvo idéntico a lo largo del tiempo, siendo respaldado por pericias psicológicas y testimonios de docentes y profesionales de la salud. Las secuelas actuales de la menor incluyen graves dificultades en el aprendizaje, crisis de angustia y un marcado deterioro emocional.
Por otra parte, se probó que Guaymás cometió el delito de grooming contra la adolescente de 12 años. El policía utilizó información confidencial obtenida durante un operativo oficial de búsqueda de la menor para contactarla por redes, enviarle mensajes de contenido sexual, exigirle fotografías e intentar pactar un encuentro privado. La madre de la joven declaró en el juicio el profundo temor y la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad que este episodio sembró en su familia.
Tras el fallo de responsabilidad general, el Tribunal fijará en los próximos días la audiencia de cesura, instancia en la que se determinará la cantidad de años de prisión efectiva que recibirá el agente policial.
