Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Una nueva y preocupante denuncia anónima se ha viralizado en las últimas horas, encendiendo las alarmas sobre los peligros a los que están expuestos los adolescentes en los entornos virtuales y los grises judiciales que paralizan a las víctimas a la hora de denunciar.
El relato, compartido por una madre desesperada, detalla el calvario de su hija de 16 años, quien integra un grupo estudiantil de WhatsApp. Según la acusación, un hombre de más de 45 años —que también formaba parte del grupo— comenzó a hostigar a la menor durante la madrugada mediante llamadas telefónicas con intenciones sexuales explícitas y el envío de material pornográfico (sextorsión y exhibicionismo digital).
Sin embargo, el eje central del reclamo no solo radica en el aberrante hecho de acoso, sino en el temor a la inacción judicial. Según la denunciante, el agresor posee presuntamente un "retraso madurativo", lo que ha generado una profunda incertidumbre en la familia: ¿Vale la pena denunciar o la condición de salud del acusado se utilizará como una pantalla de impunidad?
"Bien sabemos que hay muchos pícaros dando vueltas por ahí con el pretexto de su condición. Necesito saber si gastamos nuestro tiempo en algo que se esfumará o si realmente el esfuerzo valdrá la pena", expresó la madre en su descargo.
El temor de esta madre es el de muchos, pero los especialistas en derecho penal y delitos tecnológicos son claros: ningún carnet o certificado de discapacidad es un "cheque en blanco" para cometer delitos.
Para que una persona sea declarada inimputable (es decir, que no pueda ser juzgada o recibir una pena), la Justicia debe determinar, mediante minuciosas pericias psicológicas y psiquiátricas forenses, que al momento del hecho el sujeto no tenía la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos ni de dirigir sus acciones.
En el caso del acoso digital, existen factores que los peritos evalúan minuciosamente:
Planificación y selectividad: El acto de agendar un número, esperar la madrugada (un horario de menor supervisión), realizar llamadas específicas y enviar archivos multimedia requiere un nivel de coordinación, discernimiento y consciencia del ocultamiento que muchas veces choca con la teoría de una incapacidad absoluta de comprensión.
El rol del Certificado Único de Discapacidad (CUD): El carnet de discapacidad es un documento administrativo que otorga derechos económicos y sociales, pero no determina de manera automática la inimputabilidad penal. Eso lo decide un juez basándose en peritos médicos, no en un certificado previo.
Aunque el proceso judicial puede resultar desgastante, los expertos coinciden en que la denuncia es fundamental. Aun en el hipotético caso de que la Justicia determine la inimputabilidad penal del agresor, el Estado está obligado a intervenir. Si se demuestra que la persona representa un peligro para sí misma o para terceros (en este caso, para menores de edad), el juez puede dictar medidas de seguridad, que van desde la prohibición absoluta de acercamiento y contacto por medios digitales, hasta tratamientos médicos obligatorios o la supervisión estricta de sus tutores legales.
Dejar el hecho en la esfera de las redes sociales solo garantiza que el agresor —con o sin discernimiento— continúe libre para buscar nuevas víctimas en otros grupos virtuales. La preservación de las pruebas (capturas de pantalla, registros de llamadas y enlaces) y la denuncia formal en la fiscalía de delitos tecnológicos o la comisaría de la mujer siguen siendo las únicas herramientas reales para frenar el acoso.
Si vos o alguien que conocés está pasando por una situación de acoso o violencia digital, recordá que existen líneas de asistencia telefónica gratuitas y anónimas activas las 24 horas para recibir orientación.
