Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), bajo la dirección de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, coordinó una serie de allanamientos esta mañana en los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro. Los procedimientos, autorizados por el juez Diego Rodríguez Pippino, apuntan a dos miembros de la Policía de la Provincia de Salta sospechados de integrar una red de confección y validación ilegal de documentación pública.
La investigación penal preparatoria se inició a raíz de una denuncia radicada por la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones (DGI), quien reportó el faltante de once troqueles de seguridad numerados. Estos elementos, de carácter correlativo y estrictamente custodiados, son el único soporte físico que garantiza la autenticidad de los certificados de antecedentes policiales.
El hilo conductor de la pesquisa comenzó en la División Antecedentes Personales. Las pericias informáticas detectaron que un agente asignado a la Oficina de Dactiloscopía —área sin competencias para el cobro de aranceles ni la emisión de estos documentos— había ingresado de forma irregular a las oficinas a las 6 de la mañana.
Al auditar los sistemas de almacenamiento compartido, los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) hallaron una carpeta digital oculta bajo el perfil del sospechoso que contenía certificados ya confeccionados listos para su entrega, alterando de forma deliberada las bases de datos oficiales.
El avance de la causa sumó testimonios clave de damnificados, entre ellos dos docentes que admitieron haber caído en el engaño. Según declararon las maestras, un hombre vestido de civil se presentó en su establecimiento educativo ofreciendo sortear el colapsado sistema de turnos web oficial. Allí mismo, utilizando una almohadilla dactilar portátil, les tomó las huellas y les exigió el pago de $32.000 por cada trámite express.
El cruce de datos financieros terminó por cercar a los uniformados: las docentes transfirieron el dinero a una cuenta cuyo alias bancario correspondía, precisamente, al agente de la Oficina de Dactiloscopía.
Evidencia clave: Los registros bancarios arrojaron que solo el pasado 5 de mayo —coincidiendo con la fecha de emisión de los documentos apócrifos— los sospechosos percibieron transferencias por $64.000. Asimismo, las pericias telefónicas comprobaron un flujo recíproco y constante de fondos y llamadas entre ambos investigados entre febrero y mayo de este año.
Mientras la fiscalía analiza el contenido de los teléfonos celulares y la documentación secuestrada en las últimas horas, no se descarta que la red de damnificados sea significativamente mayor a la denunciada inicialmente. Ambos efectivos permanecen supeditados a la causa bajo graves cargos de corrupción y falsificación de documento público.
