Nicolás
FRENTE A FRENTE.-A poco más de un año del brutal crimen de Ailén Ayelén Oggero (32), la enfermera acribillada de siete disparos en la puerta de su casa de barrio Belgrano, la investigación penal se encuentra en un alarmante punto muerto: no hay detenidos ni imputados por el homicidio. En paralelo, el costo político y judicial por las deficiencias en la prevención ya comenzó a cobrarse facturas. Este jueves, la Legislatura provincial tratará la suspensión por tres meses y sin goce de sueldo de la fiscal María Verónica Ballari, señalada por cajonear las denuncias previas que la víctima había radicado contra su agresor.
El 18 de febrero de 2025, Oggero salía de su vivienda en Prusia al 6700 para dirigirse a su trabajo en el Hospital Centenario cuando fue emboscada por un sicario. Cinco de los siete proyectiles impactaron en su cabeza y brazos. Adentro de la casa quedaron sus hijos, de 4 y 11 años, quienes junto al padre de la víctima escucharon las detonaciones que terminaron con la vida de la enfermera. Su entorno familiar denunció de inmediato que Ailén vivía bajo el hostigamiento constante de su exnovio, Jonathan Oscar Omill (34), de quien intentaba separarse desde hacía un año.
La trama judicial posterior expuso las fallas del sistema. Omill fue detenido horas después del crimen al salir de la planta de Vicentin, pero no por el homicidio, sino por el tendal de violencia previa que la fiscal Ballari no había tramitado a tiempo. Recién tras el femicidio, la funcionaria imputó a Omill por una seguidilla de ataques ocurridos desde noviembre de 2024, que incluyeron violación de domicilio, palizas, amenazas y una privación ilegítima de la libertad en la que retuvo a la víctima cautiva en un auto por dos horas. Pese a que Oggero había acudido a un Centro Territorial de Denuncias y contaba con una restricción de acercamiento, la fiscalía no actuó hasta que fue tarde. El pasado 2 de marzo, Omill fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión mediante un juicio abreviado homologado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, cerrando su cuenta pendiente por violencia de género, pero quedando técnicamente desligado del crimen.
Actualmente, la causa por el femicidio pasó a manos de la fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, luego de que la fiscal original, María de los Ángeles Granato, asumiera como jueza. Sobre el escritorio de los investigadores persisten dos hipótesis principales, aunque ninguna cuenta aún con la evidencia suficiente para una imputación formal: la primera apunta a Omill como el presunto instigador intelectual del ataque; la segunda vincula el entramado con el narcomenudeo local, bajo la sospecha de que Jésica González —expareja del conocido capo narco Claudio “Morocho” Mansilla— habría ordenado el asesinato motivada por celos debido a una relación con Jonathan. Mientras las conjeturas avanzan de forma lenta, el pedido de justicia de la familia sigue sin obtener respuestas.
