Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Una disputa familiar por una propiedad ubicada en el barrio El Sol, en Campo Quijano, derivó en una compleja investigación penal que pone bajo la lupa una delicada maniobra de presunto abuso y aprovechamiento económico contra una persona judicialmente protegida.
La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, bajo la dirección del fiscal Daniel Escalante, formalizó la imputación provisional de un hombre de 33 años por el delito de circunvención de incapaz. El acusado está señalado de haber obtenido mediante engaños la firma de su propio tío para adueñarse de los derechos de un inmueble familiar.
De acuerdo con el expediente judicial, los hechos se remontan a noviembre de 2022. En ese momento, el imputado logró que la víctima suscribiera un documento de cesión de derechos de la vivienda en cuestión.
Sin embargo, la gravedad del caso radica en que el damnificado ya contaba con un proceso judicial de protección preexistente:
Octubre de 2020: La Justicia dictó una restricción formal de su capacidad para realizar actos de administración y disposición de bienes muebles e inmuebles.
Noviembre de 2022: Dicha medida continuaba plenamente vigente al momento en que el acusado le hizo firmar los papeles.
Para el fiscal Escalante, existen indicios sólidos de que el joven de 33 años conocía perfectamente la incapacidad legal de su tío y, aun así, avanzó con la operación inmobiliaria de manera deliberada.
La trama judicial no concluyó con la firma del documento. Según consta en la investigación, el papel obtenido de forma presuntamente ilícita fue presentado posteriormente como prueba clave en una demanda de desalojo ante el fuero Civil y Comercial. El objetivo de esta segunda acción era expulsar de la vivienda a otra integrante del mismo núcleo familiar que residía allí.
El perfil de la víctima: Los testimonios recolectados en la causa coinciden en describir al damnificado como una persona con limitaciones evidentes, que requiere de asistencia cotidiana para sus actividades básicas.
A estas declaraciones se sumó un informe clave de la Asesoría de Menores e Incapaces, el cual ratificó de forma contundente que el hombre no se encontraba legalmente facultado para suscribir ningún tipo de acto de disposición patrimonial.
Fuentes ligadas al caso confirmaron que, durante la audiencia de imputación, el acusado fue notificado formalmente de los cargos en su contra y de los derechos procesales que lo asisten, mientras la causa avanza para determinar el alcance total del perjuicio económico y familiar ocasionado.
