Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La crisis social y política en Bolivia alcanzó un nuevo pico de tensión este lunes, luego de que miles de manifestantes marcharan hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La movilización, que congregó a sindicatos de mineros, organizaciones campesinas y juntas vecinales, derivó en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los accesos a la plaza de armas, donde se concentran los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La jornada de protesta comenzó en la vecina ciudad de El Alto y descendió hacia el corazón de la sede de gobierno. Al llegar a los cordones de seguridad, grupos de manifestantes intentaron romper el cerco de la policía antimotines utilizando palos, piedras, petardos y cilindros recortados de dinamita. Los uniformados repelieron el avance con gases lacrimógenos y despliegues en motocicletas, dejando un saldo de al menos una decena de detenidos, según constataron cronistas en el lugar.
Los sectores movilizados, que cumplen cuatro semanas de protestas, rechazan de plano la política económica de corte liberal de la administración de Paz, reclaman incrementos salariales y responsabilizan al Gobierno por la distribución de combustible adulterado que afectó el parque automotor del país.
En medio del recrudecimiento del conflicto y mientras en el arco político ya se debate públicamente la posibilidad de aplicar medidas de excepción, el presidente Rodrigo Paz encabezó un acto en Sucre donde buscó dar señales de distensión, aunque manteniendo una postura firme contra las protestas.
Por un lado, el jefe de Estado, de 58 años y en el cargo desde noviembre pasado, anunció una reducción del 50% en los salarios de todo el Poder Ejecutivo como una señal de austeridad estatal. Sin embargo, lanzó un duro mensaje a los líderes sindicales que rechazan sentarse a negociar:
“Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución”, enfatizó el mandatario.
Pese a las convocatorias al diálogo emitidas desde el Palacio Quemado, las organizaciones sociales denunciaron una fuerte represión y cuestionaron la masiva presencia policial en las calles paceñas.
Los líderes de las movilizaciones ratificaron que cualquier acercamiento con el Gobierno estará condicionado a la anulación inmediata de las órdenes de aprehensión emitidas contra varios dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB). Entre los apuntados por la Justicia se encuentra Mario Argollo, una de las principales figuras sindicales del conflicto, quien en las últimas horas se declaró en la clandestinidad.
