Nicolás
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para reconfigurar el régimen de subsidios al gas en zonas frías. Si bien desde la Casa Rosada la medida se defiende como un paso crucial hacia el alivio fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas, en Salta la luz de alarma se encendió de inmediato: el texto reduce drásticamente la cobertura geográfica y amenaza con golpear con fuerza los bolsillos de miles de familias del interior provincial en la antesala de inviernos cada vez más duros.
La reforma plantea un escenario de exclusión masiva para el territorio salteño, al proponer que el régimen retorne a su esquema original de cobertura. De convertirse en ley en el Senado, el mapa de los subsidios en Salta quedará reducido a su mínima expresión: solo los departamentos de Los Andes, La Poma, Santa Victoria e Iruya conservarán el beneficio.
El resto de la provincia quedará automáticamente fuera del paraguas estatal. La lista de las localidades que perderán los descuentos tarifarios expone la brecha entre la lógica fiscal de los escritorios porteños y el clima real del interior profundo. Entre los departamentos que perderán el subsidio se encuentran:
Valles Calchaquíes y regiones altas: Cafayate, San Carlos y Cachi.
Valle de Lerma y alrededores: Chicoana, Rosario de Lerma, La Caldera, La Viña y Guachipas.
Gran Salta: Salta Capital.
En distritos como Rosario de Lerma, Chicoana o Cachi, donde un alto porcentaje de la población depende de economías informales o de salarios fuertemente desgastados por la inflación, el retiro del beneficio amenaza con traducir el invierno en boletas de servicios prácticamente impagables.
La votación parlamentaria no solo expuso el nuevo diseño de la asistencia social, sino también las posturas políticas del bloque de legisladores salteños frente a la "motosierra libertaria".
Por un lado, los representantes de La Libertad Avanza (Emilia Orozco, Julio Moreno Ovalle, Carlos Zapata, Eliana Bruno y Gabriel Flores) acompañaron la iniciativa oficialista sin fisuras, respaldando el argumento del Gobierno nacional de que el sistema actual, ampliado en 2021, se había vuelto fiscalmente insostenible.
Por el otro, la bancada de Innovación Federal mostró fisuras internas: mientras Bernardo Biella rechazó el proyecto, los diputados Pablo Outes y Yolanda Vega volvieron a alinearse con la Casa Rosada, sumando sus votos clave para convalidar la quita del beneficio a la provincia que representan.
Desde el punto de vista estrictamente técnico, el argumento del oficialismo se sostiene en los números: aseguran que la reforma generará un ahorro superior a los 272.000 millones de pesos y corregirá las distorsiones de un esquema de subsidios indiscriminados.
Sin embargo, el debate de fondo vuelve a chocar contra una realidad histórica del federalismo argentino. Mientras en la Capital Federal se debate sobre la "eficiencia del gasto" público, en el interior salteño las familias deben hacer malabares destinados a la subsistencia básica, calefaccionándose de manera precaria o dependiendo de la garrafa.
El escenario final se trasladará ahora al Senado, que tendrá la última palabra para definir si la prioridad del país pasa exclusivamente por el balance de caja o si se considerará el impacto socioeconómico en los hogares del norte argentino.
