Nicolás
La investigación por la creación y difusión de imágenes pornográficas manipuladas digitalmente sumó un nuevo implicado. El Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación contra un hombre de 26 años, señalado como presunto coautor del delito de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género reiteradas. Con este avance, ya son dos los sospechosos vinculados a la causa que conmociona a la comunidad universitaria.
El caso tomó trascendencia pública tras las denuncias presentadas por once mujeres damnificadas y por la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Las víctimas advirtieron que fotografías suyas, obtenidas de perfiles públicos de redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, habían sido alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial y edición avanzada para simular desnudez explícita, siendo posteriormente publicadas en un sitio web de contenido sexual.
Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, la fiscal penal interina Mercedes de la Cuesta y el auxiliar fiscal Martín Marchetti expusieron los elementos de prueba recolectados hasta el momento. Por su parte, la jueza de garantías Victoria Montoya Quiroga controló la legalidad del procedimiento y dispuso la libertad del imputado bajo el cumplimiento de medidas sustitutivas, ordenando además la extracción y análisis de datos de los dispositivos secuestrados en su domicilio.
Un segundo implicado en la mira
La causa, liderada originalmente por la fiscal Verónica Simesen de Bielke, ya contaba con un primer imputado de 28 años. Sin embargo, el avance de las pericias tecnológicas permitió identificar a este segundo sospechoso. En el allanamiento a su vivienda, los investigadores secuestraron un teléfono celular y una computadora que serán claves para determinar el grado de autoría en la maniobra.
Según la fiscalía, los hechos constituyen una manifestación clara de violencia de género digital. El Ministerio Público sostiene que el uso de estas tecnologías tuvo como finalidad directa vulnerar la integridad psicofísica de las víctimas, impactando severamente en sus ámbitos personal, social y académico, particularmente considerando que varias de las afectadas son militantes activas en espacios de defensa de derechos y equidad de género.
