Debora
En el marco de una investigación por presuntas estafas vinculadas a la venta de lotes inhabitables y ajenos, ayer viernes fue allanado un estudio jurídico ubicado sobre calle Córdoba al 200, en la ciudad de Salta. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías 3 a pedido de los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes intervienen en la causa desde la Unidad Fiscal.
El procedimiento fue realizado por personal del Grupo Investigativo del Sector Oeste de la Policía de Salta en el estudio del abogado Santiago Pedroza, quien se encuentra bajo investigación. Además, y por solicitud de los fiscales, participó como veedor un representante del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 35 años que aseguró haber sido engañado durante la compra de un lote en Atocha. Según consta en la causa, los hechos se remontan al año 2023, luego de una ocupación ilegal de terrenos en la ribera del río Arias. Tras el desalojo, un abogado habría ofrecido asesoramiento legal a las familias involucradas.
De acuerdo a la pesquisa, la maniobra habría afectado a unas 400 personas, quienes realizaron pagos que iban desde los 500 mil hasta casi 8 millones de pesos por familia. Los montos eran entregados en efectivo o mediante transferencias, tanto en domicilios particulares como en el estudio jurídico, con comprobantes emitidos de manera irregular.
El pasado 16 de abril, un grupo de damnificados acudió a Casa de Gobierno en busca de respuestas. Allí, autoridades provinciales les informaron que las supuestas gestiones realizadas por el abogado no tenían respaldo legal y que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes. También se indicó que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.
Desde el organismo de Tierra y Bienes advirtieron además que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron a los afectados realizar las denuncias correspondientes. Asimismo, confirmaron que los terrenos ofrecidos están ubicados en una zona inundable y no apta para asentamientos, lo que agrava la situación de las familias involucradas.
Finalmente, desde la Unidad Fiscal solicitaron a quienes consideren haber sido víctimas de maniobras similares que se presenten en la Delegación San Lorenzo con documentación respaldatoria, como comprobantes de pago y otros elementos que permitan avanzar con la investigación.
