Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, ordenó la creación de una Unidad Fiscal especializada para investigar una presunta red de estafas vinculada a la venta de terrenos a la vera del río Arias. La medida, oficializada mediante la Resolución 1718/26, surge ante la complejidad de la maniobra que ya cuenta con más de 40 denuncias formales, aunque se estima que los damnificados podrían superar las 400 personas.
La investigación, ahora en manos de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, señala que el engaño se remonta a 2023. Tras un desalojo en la ribera del río Arias, un abogado se habría acercado a las familias ofreciendo asesoramiento legal para obtener las tierras.
Bajo el nombre ficticio de "Loteo Las Victorias", el profesional y otros colaboradores —incluyendo una supuesta gestora y otro letrado— habrían solicitado sumas de dinero en concepto de "trámites administrativos" y "limpieza de terrenos". Las familias, en su afán de acceder a la vivienda propia, llegaron a abonar montos que oscilan entre los $500.000 y los 8 millones de pesos, entregados de forma irregular en domicilios particulares y estudios jurídicos.
La alarma definitiva se encendió el pasado 16 de abril, cuando los damnificados se presentaron en Casa de Gobierno. Allí, autoridades provinciales confirmaron la cruda realidad:
Sin sustento legal: No existen expedientes en Recursos Hídricos ni en Tierra y Bienes.
Riesgo hídrico: Los terrenos están declarados como inundables e inhabitables, lo que impide cualquier tipo de asentamiento urbano legal.
Justicia: Los supuestos recursos judiciales "favorables" que invocaba el abogado fueron, en realidad, rechazados por los tribunales.
La Unidad Fiscal sospecha de una organización estructurada que utilizaba "punteros" para captar familias vulnerables. Ante esto, se solicita a cualquier persona que haya entregado dinero bajo esta modalidad presentarse en la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2.
Es fundamental que los denunciantes aporten comprobantes de pago, transferencias o cualquier documentación respaldatoria para fortalecer la causa penal.
