Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Lo que comenzó como un anuncio, ya es norma en Córdoba. A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad formalizó el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, una medida que apunta directamente al bolsillo de los padres o tutores de estudiantes que realicen amenazas de bomba o ataques en escuelas.
La lógica de la normativa es clara: cada amenaza —en su gran mayoría falsas— dispara un despliegue masivo de patrulleros, personal de explosivos y servicios de emergencia que le cuestan millones al Estado. A partir de ahora, tras la intervención del Ministerio Público Fiscal para identificar a los responsables, la Provincia cuantificará el gasto operativo y emitirá una factura.
Los responsables tendrán un plazo de 5 días para pagar. De no hacerlo, la Fiscalía de Estado iniciará acciones judiciales para garantizar que el costo de la irresponsabilidad no recaiga sobre los contribuyentes, sino sobre quienes omitieron su deber de vigilancia.
