Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La seguidilla de engaños que mantenía en alerta a los comerciantes de la zona de la Ruta Nacional 51 llegó a su fin. En un juicio abreviado, la Justicia condenó a Enrique Sebastián Rodríguez a la pena de un año de prisión de ejecución efectiva, tras demostrarse su responsabilidad en cuatro hechos de estafa bajo una modalidad recurrente: el uso de comprobantes bancarios apócrifos.
El fiscal penal Daniel Escalante lideró la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, logrando no solo la pena de cumplimiento en cárcel, sino también que el Juez de Garantías 8 declare la reincidencia del imputado, dada la gravedad y la repetición de sus antecedentes delictivos.
La investigación de la Fiscalía permitió desentramar el modus operandi de Rodríguez. El hecho que terminó de sellar su suerte ocurrió el pasado 12 de marzo de 2026 en la despensa “Coca Mary”, en La Lomita. Allí, el delincuente simuló una compra de $92.000 en artículos de valor (como hojas de coca y cigarrillos).
Para evitar el uso del código QR, Rodríguez apeló a una excusa técnica: aseguró que la cámara de su teléfono no funcionaba. Bajo ese pretexto, propuso una transferencia manual y exhibió en pantalla un comprobante de pago que resultó ser una imagen falsificada. La confianza del empleado, sumada a la puesta en escena, le permitió llevarse la mercadería sin poner un solo peso.
La pericia de los investigadores y el análisis de cámaras de seguridad permitieron conectar este incidente con otros hechos previos. Entre ellos, un golpe perpetrado en enero de 2024 en un corralón de Campo Quijano, donde Rodríguez se llevó pinturas, cables y un taladro percutor utilizando exactamente la misma maniobra.
Las pruebas recolectadas por el fiscal Escalante fueron contundentes:
Registros fílmicos que captaron al acusado en plena maniobra.
Identificación del vehículo utilizado para las huidas.
Secuestro de prendas de vestir que coincidían con las de los videos.
Ante el cúmulo de evidencia, el acusado terminó reconociendo su culpabilidad en el acuerdo de juicio abreviado. Con esta sentencia, se lleva tranquilidad a los comerciantes locales que venían sufriendo este tipo de delitos digitales, reafirmando el compromiso de la fiscalía en perseguir la reiteración delictiva en el departamento.
