Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La justicia salteña comenzó a ventilar los detalles de uno de los siniestros viales más graves de la historia reciente en la capital provincial. En el banquillo de los acusados se encuentra Luciano Nahuel López, el joven que la madrugada del 17 de marzo de 2024 transformó la Avenida Paraguay en el escenario de una tragedia que se cobró la vida de cinco jóvenes y dejó secuelas permanentes en otras seis personas.
El fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, sostiene una acusación técnica contundente: homicidio simple y lesiones graves y leves bajo dolo eventual. A diferencia de un accidente común (homicidio culposo), la fiscalía argumenta que López no solo fue negligente, sino que se representó la posibilidad de causar la muerte y, aun así, decidió seguir adelante con su conducta temeraria.
Las pruebas que complican al imputado La elevación a juicio presentada en diciembre pasado se apoya en una batería de pericias técnicas y testimoniales. El informe toxicológico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) es lapidario: mediante un cálculo retrospectivo, se determinó que López conducía con 1,62 g/l de alcohol en sangre, triplicando lo permitido en aquel momento, y con presencia de marihuana en su sistema.
A esto se suma la pericia accidentológica, que confirmó que el vehículo circulaba a 103 km/h en sentido sur-norte. Las cámaras de seguridad y los testimonios relevados durante la instrucción describen un trayecto marcado por la imprudencia: López habría cruzado semáforos en rojo, ocupado indebidamente las líneas de detención e incluso se habría distraído entablando conversaciones con ocupantes de otros vehículos mientras el auto estaba en movimiento.
Indiferencia por la vida ajena
El punto central del debate será la actitud del conductor frente al riesgo. La fiscalía enfatiza que López era plenamente consciente del contexto: una zona de alta densidad peatonal debido a la salida de los locales bailables de la zona sur. Pese a conocer que cientos de personas transitaban por las banquinas y platabandas, el imputado decidió no recurrir a un conductor designado ni buscar alternativas seguras.
"El imputado, consciente de su estado de embriaguez y de las condiciones de conducción, aceptó este riesgo de manera voluntaria, demostrando una total indiferencia por la integridad física de los demás", reza el requerimiento fiscal.
El Tribunal, compuesto por los jueces Gabriela Romero Nayar, Victoria Montoya Quiroga y Pablo Farah, tiene la tarea de determinar si estas acciones configuran el dolo eventual, lo que implicaría una pena significativamente mayor a la de un siniestro vial convencional. Las audiencias están programadas para continuar hasta el próximo 30 de abril, día en que se conocerá si el veredicto trae el alivio de la justicia para las familias de las víctimas.
