Nicolás
FRENTE A FRENTE.-En una sesión maratónica y cargada de tensión política, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares (N° 26.639). Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, el Congreso modificó una norma vigente desde 2010 para priorizar, según el Ejecutivo, la "seguridad jurídica" y el "federalismo ambiental".
La reforma quita el carácter de protección general sobre el ambiente periglacial y lo supedita a una "función hídrica comprobada", permitiendo que las provincias realicen sus propias evaluaciones técnico-científicas para autorizar proyectos mineros en áreas que anteriormente estaban vedadas.
Minutos después de la votación, el presidente Javier Milei emitió un comunicado oficial agradeciendo el rol determinante de cinco gobernadores: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Desde la Casa Rosada señalaron que este cambio responde a un reclamo histórico de las provincias que integran las Mesas del Litio y del Cobre.
La reforma introduce cambios estructurales en la protección de las reservas de agua dulce del país:
Redefinición del Objeto Protegido: Ya no se protegen todos los glaciares de escombros o suelos congelados por defecto. La protección se limita exclusivamente a aquellos que cumplan funciones hídricas específicas y relevantes.
Poder a las Provincias: La autoridad ambiental de cada jurisdicción será la encargada de verificar si una geoforma cumple o no con dicha función hídrica, otorgando mayor discrecionalidad a los gobiernos locales.
Desplazamiento del IANIGLA: El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales pierde su rol central de control. El Inventario Nacional de Glaciares pasa a ser una herramienta de "consulta", pero no podrá frenar atribuciones provinciales.
Fin de las Prohibiciones Generales: Se pasa de un régimen de prohibición absoluta de minería en zonas periglaciares a un sistema de Evaluación de Impacto Ambiental caso por caso.
Protección Condicional: Si una autoridad provincial confirma que un área del inventario no cumple funciones hídricas, ese sitio deja de estar protegido por esta ley especial.
El Gobierno argumentó que la redacción original de 2010 contenía "interpretaciones absurdas" que frenaban inversiones millonarias en provincias cordilleranas. Con este nuevo marco, se espera una aceleración en proyectos de cobre y litio, especialmente en el norte argentino y Cuyo, donde la superposición de proyectos mineros con áreas de glaciares de escombros era el principal punto de conflicto legal.
