Debora
La trágica muerte de Tomás Sotero Alancay, el niño de cinco años que fue atropellado en La Merced, no solo generó una profunda conmoción social, sino que también desencadenó un conflicto político que escala con el paso de las horas.
A más de un día del hecho, el dolor por la pérdida del menor se combina con un clima de creciente indignación, angustia e incertidumbre entre los vecinos. La repercusión pública del caso y las vinculaciones con el entorno del intendente Javier Wayar profundizaron los cuestionamientos hacia la conducción municipal, en un contexto marcado por la falta de respuestas concretas.
En paralelo, la situación sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: ingresó a la Cámara de Diputados de Salta un pedido formal para intervenir el municipio, iniciativa que podría ser debatida este martes durante la sesión legislativa. De avanzar la medida, implicaría la notificación al Concejo Deliberante y la posible salida del jefe comunal de su cargo.
Mientras tanto, el propio Wayar denunció el robo de la camioneta involucrada en el hecho y solicitó que la Justicia actúe “con el mayor rigor de la ley”, en lo que algunos sectores interpretan como parte de una estrategia para desligar responsabilidades.
En este escenario, la tragedia que terminó con la vida del niño dejó de ser únicamente un hecho policial para transformarse en un caso de alto impacto institucional, que mantiene en vilo a toda la comunidad y pone bajo presión la continuidad de la actual gestión.
