Una pareja fue sorprendida incumpliendo la perimetral establecida entre ellos por violencia de género

FRENTE A FRENTE.-Lo que ocurrió en el barrio San Francisco de Campo Quijano no fue un simple descuido, sino un desplante absoluto a la Justicia salteña. La historia de "desobediencia compartida" comenzó a escribirse el pasado 2 de marzo, cuando el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N° 2 dictó reglas claras: el hombre (32) y la mujer (33) tenían prohibido acercarse el uno al otro en un radio de 300 metros. Además, el sujeto tenía prohibido pisar el domicilio de la mujer para garantizar la integridad de ambos.

Sin embargo, el amor —o la falta de criterio— fue más fuerte. El 16 de marzo, apenas dos semanas después de recibir la notificación legal, el personal policial que realizaba el control de consigna ambulatoria llegó a la vivienda. Para sorpresa de los uniformados, no los recibió una mujer asustada ni una casa vacía: los atendió el propio hombre que tenía prohibido estar ahí.

"Decidimos retomar la relación", fue la explicación que la pareja le dio a los efectivos, como si el acta judicial fuera una sugerencia opcional.

La contundente respuesta de la Fiscalía

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, no dejó pasar la situación por alto. Al considerar que la investigación penal preparatoria está más que concluida, solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 2 la elevación a juicio de la causa contra ambos.

• Para él: La imputación es por desobediencia judicial, al haber ingresado conscientemente a un domicilio donde tenía la entrada prohibida por ley.

• Para ella: También irá a juicio por el mismo delito, ya que al permitir el ingreso del hombre, desoyó activamente las restricciones que buscaban protegerla.

Escalante fue tajante en su escrito: este incumplimiento no es una "anécdota romántica", sino un serio riesgo. En contextos de violencia de género, estas medidas buscan evitar tragedias mayores. Según el fiscal, la conducta de la pareja muestra un "claro menosprecio por la autoridad judicial" y debilita peligrosamente los mecanismos de protección del Estado.

Ahora, con las pruebas en la mesa (denuncias previas, informes policiales y actas de notificación), la pareja deberá explicar sus "ganas de volver" ante un tribunal, enfrentando las consecuencias penales de haber confundido la reconciliación con el desacato.