
Femicidio de Natalia Cruz: otorgan condiciones especiales de detención a Serapio
Nicolás


FRENTE A FRENTE.-El caso que conmociona a Campo Quijano entra en una etapa de alta tensión judicial. Orlando Serapio, el hombre que permaneció 10 días prófugo tras el brutal femicidio de su expareja, Natalia Cruz, ha obtenido una serie de medidas excepcionales tras el dictado de su prisión preventiva.
Sus abogados defensores, los Dres. D'Andrea y Gensei Higa, lograron que la Justicia autorice mejoras en su alojamiento argumentando que la "exposición mediática" del caso pone en riesgo su vida dentro del penal. Entre los beneficios otorgados destacan:
Duplicación del tiempo de recreación: pasó de 30 minutos a una hora diaria.
Atención médica especializada: tratamiento por afecciones de rodilla, odontología y traslado al Hospital Psiquiátrico Ragone para asistencia en salud mental.
Custodia reforzada: un esquema de seguridad interna para evitar represalias de otros internos.
En paralelo, la querella representada por el Dr. Federico Vanni ha lanzado una fuerte ofensiva contra los organismos que debieron proteger a Natalia. Pese a que la víctima había radicado múltiples denuncias por violencia de género, el sistema no habría actuado.
"Hay al menos dos o tres denuncias que ni siquiera tienen movimiento por parte del Ministerio Público. Buscamos investigar a funcionarios y personal policial por no haber realizado el trabajo preventivo correspondiente", afirmó Vanni.
Prisión preventiva para los presuntos encubridores
La justicia también dictó la preventiva para dos familiares de Serapio. Se los acusa de haberle suministrado víveres y refugio en la zona inhóspita donde fue hallado oculto en una cueva. Para la querella, existen "indicios claros" y declaraciones que confirman la colaboración activa para que el femicida evadiera a la ley.
El futuro de los hijos
En medio del dolor, la Secretaría de Niñez avaló que los hijos de Natalia queden bajo la guarda de su tía materna. La familia ya inició las gestiones para acceder a la Ley Brisa, una reparación económica para hijos de víctimas de femicidio, aunque su aplicación definitiva está supeditada a la condena final del acusado.


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