
Colonia Santa Rosa: imputan a un ex empleado municipal por vender licencias de conducir "truchas" hasta por $300.000
Nicolás


FRENTE A FRENTE.-Una investigación por corrupción administrativa sacude a la localidad de Colonia Santa Rosa. La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a un hombre de 37 años tras descubrirse un aceitado sistema de emisión de licencias nacionales de conducir apócrifas a cambio de importantes sumas de dinero.
El acusado, que se desempeñaba como empleado municipal, enfrenta cargos por fraude a la administración pública, cohecho activo y falsedad ideológica de instrumento público. Según la investigación, el hombre habría aprovechado su antiguo rol para montar una oficina paralela de recaudación ilegal.
Claves robadas y trámites VIP
La causa se inició a raíz de dos denuncias clave: una presentada por una funcionaria municipal y otra por un particular. Ambas señalaban que el imputado emitía las licencias nacionales de conducir sin autorización alguna. Para lograrlo, utilizaba credenciales de acceso al sistema que ya no le correspondían, dado que había sido removido de las funciones vinculadas a esa área específica.
El peritaje determinó que los hechos ocurrieron en un periodo comprendido entre agosto de 2024 y mayo de 2025. Durante esos meses, el ex empleado habría cobrado montos que alcanzaban hasta los $300.000 por trámite, garantizando la entrega del documento sin que el solicitante pasara por los controles legales ni abonara las tasas correspondientes al municipio.
Allanamiento y secuestro de pruebas
En un operativo coordinado por la delegación de Colonia Santa Rosa, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso. El resultado del procedimiento fue contundente: los efectivos secuestraron 14 licencias de conducir listas para entregar, documentación sensible y una computadora portátil.
Este accionar no solo representa un delito de falsificación, sino que ocasionó un grave perjuicio económico al erario municipal, al eludir los ingresos oficiales por el otorgamiento de este tipo de instrumentos públicos. La justicia ahora busca determinar si hubo otros implicados dentro o fuera del edificio municipal que facilitaron la vigencia de las claves de acceso durante casi un año.



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