Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El Servicio Penitenciario de la provincia se encuentra en el centro del debate público tras confirmar el decomiso de 2.652 teléfonos móviles en el interior de los penales salteños. La noticia, que reaviva la polémica sobre la permeabilidad de la seguridad carcelaria, fue ratificada por el titular de la institución, el Prefecto Mayor Enrique Daniel Torres.
En una entrevista concedida al programa Somos La Mañana, Torres detalló que los dispositivos corresponden a secuestros realizados en diversas requisas entre los años 2009 y 2021. Esta montaña de dispositivos electrónicos ha sido destinada finalmente a una empresa de reciclaje para mitigar riesgos de seguridad y pasivos ambientales.
El funcionario desglosó las ingeniosas y arriesgadas maniobras que utilizan los internos y sus allegados para vulnerar los perímetros de seguridad. Según el informe oficial, las modalidades más frecuentes incluyen:
Lanzamientos: Objetos arrojados desde el exterior hacia los patios internos.
Ocultamiento en víveres: Dispositivos camuflados dentro de alimentos procesados o materia prima.
Cavidades corporales: El uso de métodos intrusivos por parte de las visitas para sortear la vigilancia.
"Los celulares no están permitidos dentro de los establecimientos", enfatizó Torres, quien anticipó que ya se planifica una segunda etapa de destrucción para los equipos incautados entre 2022 y mediados de 2025.
Como respuesta a estas vulnerabilidades, el Servicio Penitenciario destacó la reciente implementación de escáneres de rayos X en la Unidad Carcelaria N°1. Esta tecnología, operativa desde diciembre de 2025, ya ha permitido detectar a 12 personas intentando ingresar sustancias u objetos prohibidos ocultos en su propio cuerpo.
Las autoridades recordaron que quienes intenten ingresar elementos ilícitos enfrentan severas sanciones: desde la suspensión inmediata de las visitas hasta la intervención de la fiscalía de turno en casos relacionados con estupefacientes.
El hallazgo se da en un contexto crítico para el sistema local. Salta permanece bajo emergencia penitenciaria desde 2022. Ante el déficit de plazas, el Gobierno provincial confirmó que avanza en la instalación de módulos de alojamiento en distintas ciudades del interior para intentar aliviar la saturación que hoy sufren las unidades carcelarias.
