FRENTE A FRENTE.-Una investigación masiva por corrupción en el sistema educativo provincial ha derivado en la imputación provisional de 53 docentes, acusados de presentar documentación apócrifa para escalar de forma irregular en el orden de mérito del Ministerio de Educación de Salta.
La causa, liderada por la fiscal de la UDEC (Unidad de Delitos Económicos Complejos), Ana Inés Salinas Odorisio, puso al descubierto una maniobra sistémica que afectó la transparencia de los concursos y procesos de designación de cargos.
El caso se originó el 17 de diciembre de 2025, tras una denuncia del Secretario de Gestión Educativa. Una auditoría interna sobre 292 unidades educativas arrojó cifras alarmantes:
291 inscripciones con documentación irregular.
286 registros adulterados detectados.
237 docentes inicialmente bajo sospecha.
Debido a que las Juntas Calificadoras comparten sus bases de datos, la incorporación de estos certificados falsos logró "contaminar" el sistema de valoración, permitiendo que, hasta el momento, 9 docentes accedieran efectivamente a horas cátedra de manera ilegítima.
La investigación del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) determinó que los docentes eran captados a través de perfiles de Facebook bajo nombres como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”.
Allí se ofrecían diplomaturas con puntaje oficial supuestamente avaladas por instituciones reales. Los interesados pagaban sumas que oscilaban entre los $95.000 y $360.000, recibiendo a cambio archivos PDF con firmas y sellos escaneados. Sin embargo, la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que los números de registro eran inexistentes o estaban duplicados.
Hasta el momento, la Justicia ha identificado a tres cabecillas con roles específicos:
En el sur provincial: Una docente encargada de la captación y el cobro de los montos.
En el norte provincial: Una mujer que brindaba soporte técnico y atención bajo identidades ficticias (detenida).
En Bariloche: Un hombre señalado como el administrador digital y receptor final de los fondos.
Respecto a las dos mujeres detenidas el pasado miércoles, ambas fueron imputadas por falsificación de instrumento privado, fraude a la administración pública y asociación ilícita. Mientras una de ellas se abstuvo de declarar, la otra aseguró ante la fiscalía ser "una víctima más" de la organización.
La fiscal Salinas Odorisio advirtió que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de los certificados restantes denunciados por la cartera educativa.
