Detenciones frente al Congreso en medio de una protesta de Greenpeace por la Ley de Glaciares

Este jueves por la mañana, efectivos de la Policía Federal detuvieron a doce activistas de la organización ambientalista Greenpeace tras una irrupción en el predio del Palacio Legislativo. 
Nacionales26/02/2026NicolásNicolás

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FRENTE A FRENTE.-La protesta se realizó en las horas previas al debate en el Senado sobre la modificación de la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE.

Desarrollo de los incidentes

El grupo de manifestantes sorteó el vallado perimetral del Congreso y se apostó en las escalinatas de ingreso. La acción incluyó la instalación de inodoros y cartelería con consignas dirigidas a los legisladores, centradas en la protección del recurso hídrico.

Minutos después del inicio de la intervención, el personal policial procedió al desalojo y detención de los activistas. Durante el operativo se registraron incidentes que afectaron la labor de la prensa; entre ellos, la detención y denuncia de agresiones contra un camarógrafo de la señal A24 que cubría los hechos.

El eje de la controversia legislativa

La reforma impulsada por el Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone cambios sustanciales en la normativa de protección ambiental vigente desde 2010.

  • Punto central: La modificación redefine el concepto de "ambiente periglacial".

  • Postura oficial: El Gobierno sostiene que los cambios buscan atraer inversiones para proyectos de megaminería e hidrocarburos, dinamizando la economía en provincias con potencial extractivo.

  • Argumentos de la oposición técnica: Especialistas, como el glaciólogo Lucas Ruiz, advierten que la reforma delega en las provincias la potestad de definir qué zonas proteger. Según el experto, esto podría fragmentar el estándar mínimo de protección ambiental nacional, generando disparidades en las regulaciones para captar inversiones mineras.

Contexto del debate

La sesión en la Cámara Alta se desarrolla bajo un cronograma de sesiones extraordinarias. Mientras que el sector oficialista y gobernadores aliados impulsan la sanción para otorgar seguridad jurídica a las empresas del sector, organizaciones civiles cuestionan la celeridad del tratamiento y la falta de instancias de debate público federal sobre el impacto hídrico a largo plazo.

El Senado tiene previsto definir hoy si convierte en ley el proyecto, lo que marcaría un cambio en la gestión de las reservas estratégicas de agua dulce del país.

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