Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó ante el Juzgado de Garantías 8 la elevación a juicio de la causa contra un hombre imputado por estafas reiteradas. El sujeto está acusado de montar una puesta en escena para vender falsas adjudicaciones de viviendas sociales del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
El "modus operandi": del remís al engaño
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que trabajaba como chofer de remís. Según su testimonio, conoció al imputado en 2022 cuando este abordó su vehículo como pasajero. Durante el trayecto, el hombre afirmó ser empleado del IPV y le ofreció "facilitar" el acceso a una vivienda propia a través de la confección de carpetas oficiales.
Para dotar de realismo al engaño, el acusado llegó a trasladar a la víctima hasta el barrio Pereyra Rosas, señalándole unidades en construcción y asegurándole que una de ellas le sería adjudicada. Bajo esta falsa promesa, logró que la mujer le entregara:
-$70.000 iniciales por su carpeta personal.
-$60.000 adicionales para incluir a su hermano en el supuesto beneficio.
-$20.000 destinados a presuntos gastos de pintura y medianeras.
-$100.000 bajo el pretexto de una compra de neumáticos.
Un esquema de captación familiar
La ambición del estafador no se detuvo allí. Tras ganarse la confianza de la conductora, le solicitó contactos de otras personas interesadas ante presuntas "bajas" en el programa habitacional. Así, logró estafar también a la prima de la denunciante por otros $60.000.
En sus fundamentos, la fiscal Salinas Odorisio consideró acreditado que el imputado utilizó maniobras engañosas e invocó falsamente un cargo público para perjudicar el patrimonio de las víctimas en beneficio propio.
