Debora
El Poder Ejecutivo formalizó la aplicación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de varios meses sin implementación efectiva pese a haber sido aprobada por el Congreso en julio de 2025.
La decisión se concretó tras una orden judicial que obligó al Estado a activar la norma, que había quedado paralizada por limitaciones presupuestarias. La reglamentación, establecida a través del Decreto 84/2026, define el marco operativo de la Ley 27.793 y establece lineamientos para las políticas públicas, el sistema de prestaciones y el régimen de pensiones vinculadas a la discapacidad.
La emergencia tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderse por un año más.
Una aplicación demorada y forzada por la Justicia
Si bien la ley había sido sancionada el año pasado, su puesta en marcha quedó supeditada a la disponibilidad de fondos, una condición que fue cuestionada judicialmente. En diciembre, un fallo federal declaró inválida esa limitación y ordenó la aplicación inmediata de la norma, al considerar que vulneraba compromisos constitucionales y tratados internacionales.
El magistrado advirtió además que la falta de financiamiento ponía en riesgo tratamientos y prestaciones esenciales para personas con discapacidad. Aunque el Gobierno apeló la decisión, la Justicia supervisó su cumplimiento y exigió avances concretos en la implementación.
Con la reglamentación ahora vigente, el Ejecutivo terminó de formalizar el proceso y detalló cómo se ejecutarán los principales ejes de la ley.
Cambios en pensiones y mayor control
Uno de los puntos centrales es la creación de un nuevo esquema para las pensiones no contributivas por discapacidad. El decreto establece criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades, además de procedimientos administrativos y mecanismos de auditoría.
Las pensiones otorgadas con anterioridad serán reconvertidas automáticamente al nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, a través de un proceso de identificación y verificación de beneficiarios.
La normativa también fortalece el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud, y dispone la convocatoria al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar criterios de evaluación socioeconómica. En ese marco, se fijó un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas.
Participación y coordinación federal
El decreto ratifica los espacios de consulta y control previstos en la ley, como el Consejo Federal de Discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Comité Asesor y el Observatorio de la Discapacidad.
Además, establece esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar la implementación, mejorar el control del sistema y dar precisión administrativa a la norma.
