El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de la provincia, incluidos los tres poderes del Estado y los organismos de control.
Al anunciar la medida, el mandatario sostuvo que “la función pública exige idoneidad y aptitud moral”, y subrayó que ocupar un cargo “no es un privilegio, sino una responsabilidad frente a la sociedad”.
Según explicó Sáenz, la iniciativa apunta a fortalecer la transparencia institucional y garantizar una gestión responsable, en línea con “la confianza que los salteños depositan en sus instituciones”. El alcance del control será integral y no contempla excepciones, abarcando a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El gobernador también fue enfático al señalar que el incumplimiento del requisito tendrá consecuencias. “Quien no esté en condiciones de cumplir con estos estándares deberá asumir las sanciones previstas en la Constitución Provincial y en la normativa vigente”, advirtió, al tiempo que aclaró que las penalidades podrían incluir la remoción del cargo.
Los exámenes toxicológicos son estudios médicos que permiten detectar el consumo de drogas o sustancias prohibidas y se utilizan para evaluar si una persona se encuentra en condiciones físicas y mentales adecuadas para desempeñar funciones de responsabilidad. Entre las sustancias que suelen detectarse se encuentran cocaína, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos y otras drogas de uso ilegal o indebido.
