Buscan intensamente a Marlen Alejandra Emilce Villarrubia, desapareció tras un procedimiento policial

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta presentó una acción de habeas corpus ante el Juzgado de Garantías N° 4 de la capital provincial, a cargo del juez Diego Rodríguez Pipino, para que se establezca de manera urgente el paradero de Marlen Alejandra Emilce Villarrubia, conocida como “La Grillo”, una mujer trans e integrante del colectivo LGTBIQNB+ cuyo rastro se perdió tras una detención policial ocurrida a comienzos de enero.

La medida judicial fue impulsada luego de que se confirmara que Villarrubia, de 35 años, fue aprehendida el 5 de enero pasado en la vía pública por personal de la Comisaría 2ª del barrio Santa Cecilia, bajo el argumento de un pedido de captura que, según surge de las actuaciones posteriores, ya no se encontraba vigente. Desde entonces, no existe constancia fehaciente de su liberación ni de su destino, y su paradero continúa siendo desconocido.

La preocupación se activó a partir de una comunicación realizada el 20 de enero por María Medrano, presidenta de la Asociación Civil “YoNoFui”, organización que acompaña a mujeres cis y personas LGTBIQNB+ que atravesaron situaciones de encierro. Medrano alertó al Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación sobre la falta de noticias de Villarrubia, oriunda de Salta y residente en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el relato, Villarrubia había viajado a Salta a fines de diciembre de 2025 debido a que su abuela se encontraba internada en terapia intensiva. El último contacto con sus compañeras fue el 7 de enero, cuando informó que había sido detenida por un pedido de captura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta, correspondiente al año 2021. A partir de ese momento, se perdió toda comunicación.

Las abogadas Agostina González y Aida Di Lodovico, del Programa contra la Violencia Institucional, realizaron un relevamiento en hospitales públicos, comisarías, alcaidías, el Centro de Contraventores, el Servicio Penitenciario Provincial y el Servicio Penitenciario Federal, sin obtener información sobre su alojamiento o atención médica. Tampoco surgieron registros en el sistema de personas extraviadas del 911 ni, hasta el momento, en la morgue judicial o el Cuerpo Médico Forense.

Las pesquisas permitieron reconstruir parcialmente el recorrido institucional de Villarrubia. De acuerdo al Sumario Penal N° 1/2026 remitido por la Comisaría 2ª al Tribunal Oral Federal, el 5 de enero a las 5.32 fue interceptada en barrio San Benito por un patrullero integrado por el oficial ayudante Ángel Antonio Claure, el cabo Mario Cruz y la agente Trinidad Viveros. Tras verificar en los sistemas SIPS y SIFCOP la existencia de un supuesto pedido de captura por un incidente vinculado a una prisión domiciliaria, fue demorada, requisada, esposada y trasladada a la dependencia policial a las 6.15.

Sin embargo, el propio sumario presenta inconsistencias: errores en la fecha de detención, ausencia de acta de soltura, falta de constancias de traslado efectivo y ambigüedad sobre el motivo legal de la aprehensión. Desde el Tribunal Oral Federal N°1 y la Defensoría se solicitó información a la comisaría, desde donde se indicó que Villarrubia habría sido derivada al Centro de Contraventores y luego liberada al constatarse que la orden de captura no estaba vigente.

Esa versión fue parcialmente desmentida por el propio Centro de Contraventores, donde informaron que Villarrubia fue llevada allí, pero que no se autorizó su alojamiento por tratarse de una mujer, y que, al mismo tiempo, se había recibido la notificación de que la orden judicial estaba caída, lo que motivaba su inmediata soltura. No obstante, no existe ningún acta que certifique su ingreso, su evaluación médica ni su egreso.

La situación se agravó cuando un suboficial de la Comisaría 2ª reconoció que, tras no ser aceptada en el Centro de Contraventores, Villarrubia no regresó a la dependencia y que se desconoce qué ocurrió luego con ella. Tampoco hay constancias de su paso por el Cuerpo Médico Forense, pese a que el traslado figura en los registros.

Ante este cuadro, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura promovió el habeas corpus, solicitando al juez que ordene la localización inmediata de Villarrubia, la reconstrucción completa de su itinerario bajo custodia policial y la identificación de eventuales responsabilidades. En paralelo, se requirió la activación de los protocolos de búsqueda para personas desaparecidas y la intervención de organismos especializados en violencia institucional y diversidad.

“La detención se habría producido invocando una orden inexistente, no hay acta de liberación, no hay constancia médica ni administrativa, y ninguna institución reconoce haber tenido a Marlen bajo su custodia. Esto configura una situación de extrema gravedad”, señalaron desde el Comité.

La presentación judicial también convoca a la ciudadanía a aportar cualquier información que permita dar con el paradero de Marlen Alejandra Emilce Villarrubia, en resguardo de su vida, su integridad y sus derechos fundamentales, en un caso que ya expone serias fallas en los registros, los controles y la cadena de responsabilidades del sistema policial y judicial.

Los antecedentes 
Villarrubia cuenta con antecedentes penales y una causa federal previa. En 2014 fue detenida por orden del entonces fiscal federal Ricardo Toranzos en una investigación por trata de personas en la zona del Hogar Escuela, donde se desarticuló una red de explotación sexual y se rescató a seis jóvenes, entre ellas dos menores. La acusación la señalaba como quien contactaba clientes, controlaba a las víctimas y percibía parte del dinero.

Al momento de aquella detención se encontraba en libertad condicional por condenas por robo simple y robo calificado. Ese antecedente habría dado origen al pedido de captura del año 2021 que figuraba en los sistemas policiales, aunque el Tribunal Oral Federal N°1 informó que dicha orden ya no estaba vigente al momento de su aprehensión el pasado 5 de enero, lo que agrava las irregularidades en el procedimiento y en la falta de constancias sobre su liberación.