Crisis carcelaria en Salta: denuncian condiciones "inhumanas" de detención

FRENTE A FRENTE.-La situación del sistema penitenciario de Salta atraviesa uno de sus momentos más críticos. En una contundente denuncia, el abogado Rodrigo Solá, representante provincial ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, describió un panorama desolador dentro de las cárceles y alcaidías locales, donde acusa falta de insumos básicos y el hacinamiento vulneran los derechos humanos más elementales.

Dormir en el suelo: el rostro de la sobrepoblación

Según detalló Solá en diálogo con El Tribuno, el déficit habitacional en las unidades de detención ha llegado a un punto límite: existen internos que duermen directamente sobre el piso, sin colchones o utilizando apenas restos de gomaespuma.

Este escenario es consecuencia directa de una sobrepoblación estimada en el 40%, un problema estructural que, según el especialista, se agudizó en 2014. En aquel año, la provincia asumió la competencia en las causas de microtráfico de drogas, lo que generó un aluvión de detenidos por delitos menores de narcomenudeo, afectando principalmente al sector de mujeres privadas de la libertad.

¿Fracaso de la reinserción social?

La crisis no se limita al espacio físico. Solá advirtió que las condiciones actuales anulan cualquier posibilidad de reinserción social, un objetivo central de la ejecución de la pena. La falta de infraestructura se traduce en:

-Escasez de equipos técnicos: Déficit de psicólogos y trabajadores sociales para el seguimiento de los internos.

-Limitación educativa y laboral: No hay cupos suficientes para talleres de oficio ni acceso pleno a la educación.

-Fallas en salud: Una asistencia médica diezmada por la cantidad de pacientes.

Alcaidía General: "Una tragedia anunciada"

El representante del Comité recordó el incendio ocurrido en la Alcaidía de Salta el pasado octubre, calificándolo como un evento previsible dadas las circunstancias. En aquel momento, el edificio llegó a albergar a casi el triple de su capacidad permitida. Si bien hubo intervenciones judiciales tras el siniestro, Solá remarcó que las mejoras han sido insuficientes y que el riesgo persiste.

Para el experto, la solución no radica únicamente en la construcción de nuevas cárceles. La advertencia apunta a un compromiso integral del Poder Judicial y el Ministerio Público, instando a revisar: Las políticas criminales vigentes. El uso excesivo de las prisiones preventivas. La implementación de alternativas al encierro para delitos que no revistan gravedad.

La denuncia vuelve a poner en jaque al Estado provincial, reabriendo el debate sobre el trato humanitario y la eficacia de un sistema que, hoy por hoy, parece funcionar exclusivamente como un depósito de personas.