Debora
La profunda crisis que atraviesa el Servicio Penitenciario de Salta volvió a quedar al descubierto en las últimas horas tras un nuevo y alarmante episodio ocurrido en la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán. Durante la noche, un efectivo que se desempeña en la División Registro y Requisa intentó quitarse la vida, sumando otro hecho de extrema gravedad a una institución golpeada por el desgaste, la falta de respuestas y el abandono.
Según información a la información que trascendió, el agente atravesaba una situación personal crítica, agravada por la reiterada negativa de las autoridades penitenciarias a concederle un traslado solicitado en varias oportunidades. El objetivo del pedido era poder regresar a su lugar de origen y estar cerca de su familia, un reclamo que, de acuerdo a fuentes internas, nunca obtuvo una respuesta favorable.
Compañeros del efectivo señalaron que la acumulación de frustraciones, sumada a las extensas jornadas laborales, la presión psicológica constante y la ausencia de contención institucional, habrían sido determinantes en la drástica decisión. “No es un caso aislado, es el reflejo de lo que estamos viviendo muchos”, confió una fuente bajo estricta reserva.
Lo más preocupante, según denuncian desde el propio ámbito penitenciario, es que el episodio estaría siendo silenciado por la cúpula del Servicio Penitenciario, en un intento por evitar que el hecho tome estado público. Este supuesto encubrimiento respondería al temor de que la situación profundice aún más el escándalo y la crisis interna, especialmente luego de la reciente muerte de un oficial ocurrida en Orán a comienzos de este año, hecho que ya había encendido todas las alarmas.
El clima dentro de las unidades carcelarias es descrito como asfixiante, con un personal exhausto, desmotivado y sin respuestas claras por parte de las autoridades. Mientras tanto, el silencio oficial y la falta de medidas concretas continúan alimentando el malestar y la sensación de abandono entre los agentes.
Este nuevo intento de suicidio vuelve a poner sobre la mesa una problemática que parece no encontrar solución: la salud mental del personal penitenciario, las condiciones laborales y la responsabilidad de quienes conducen una institución clave para la seguridad pública de la provincia.
