Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La Justicia salteña avanza en una causa que sacude la administración pública de Colonia Santa Rosa. El fiscal penal de Delitos Económicos y Complejos de Orán, Carlos Alberto Salinas, solicitó formalmente la elevación a juicio para Marilin Fabiana Duarte y Carina de los Ángeles Medina, acusadas de ser coautoras del delito de fraude a la administración pública por administración infiel.
La investigación fiscal determinó que, entre enero de 2022 y enero de 2024, el municipio sufrió un desfalco sistemático que asciende a $36.168.346.
El "modus operandi": Recaudación real vs. Depósitos falsos
La causa se originó en enero de 2024 tras una denuncia del actual Secretario de Hacienda municipal. Según la investigación, la maniobra se centraba en la caja recaudadora, a cargo de Duarte:
-Alteración de comprobantes: La empleada habría depositado en las cuentas bancarias montos significativamente menores a los que efectivamente ingresaban por ventanilla.
-Contabilidad paralela: Para encubrir el faltante, se habrían asentado cifras falsas en los libros contables y adulterado manualmente los tickets bancarios.
-Falta de control: La fiscalía apunta contra Carina Medina, quien fuera Secretaria de Hacienda en parte del periodo investigado, por considerar que existió una "connivencia funcional" y una omisión deliberada de sus deberes de control para permitir el desvío de fondos.
Pruebas clave del CIF
El requerimiento de juicio se sustenta en pruebas técnicas contundentes producidas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF):
1.Pericia Contable: Confirmó la brecha de más de 36 millones de pesos entre las planillas diarias y los extractos bancarios oficiales.
2.Pericia Caligráfica: Los expertos atribuyeron a Duarte las adulteraciones de importes y firmas en los documentos físicos. Además, vincularon las firmas en los libros de rendiciones tanto a Duarte como a Medina.
"El accionar se habría extendido por dos años con una reiteración sistemática de la maniobra", detalla el requerimiento fiscal, subrayando la gravedad del daño al erario público municipal.
De ser encontradas culpables, las exfuncionarias podrían enfrentar penas de prisión bajo los artículos 173 y 174 del Código Penal, que castigan la defraudación en perjuicio de la administración pública.
