La medida establece que los adultos responsables de estudiantes involucrados en hechos de bullying deberán responder de manera obligatoria ante las citaciones realizadas por las instituciones educativas. En caso de no presentarse sin una justificación válida, podrán ser sancionados con multas económicas o arrestos, según lo determine la autoridad competente.
Desde el ámbito legislativo explicaron que el objetivo de la iniciativa no es punitivo, sino preventivo y educativo, buscando una mayor participación de las familias en la resolución de conflictos escolares y en el acompañamiento de los menores involucrados.
La normativa contempla que las escuelas deberán agotar previamente instancias de diálogo y mediación, dejando las sanciones como último recurso cuando exista una reiterada falta de compromiso por parte de los adultos responsables.
La aprobación del proyecto generó un amplio debate en la sociedad, con posturas a favor y en contra. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una herramienta necesaria para combatir el acoso escolar, otros advierten sobre la necesidad de fortalecer políticas integrales de contención, educación y prevención dentro y fuera de las aulas.
Con esta medida, Salta se suma a las provincias que buscan endurecer las acciones contra el bullying, poniendo el foco no solo en los estudiantes, sino también en el rol fundamental que cumplen las familias en la formación y el acompañamiento de los niños y adolescentes.
