Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), requirió al Juzgado de Garantías 8 el allanamiento y detención de dos hombres en el marco de una investigación por múltiples hechos de estafa vinculados a la venta de materiales de construcción en la ciudad de General Güemes.
Como resultado del operativo, llevado a cabo por personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF – UDEC, un hombre de 79 años fue detenido en un camping de La Caldera, mientras que su hijo permanece prófugo. Fueron secuestrados documentación de interés para la causa, un celular y $18.000.
La intervención de la UDEC se originó a partir de 53 denuncias de personas damnificadas que relataron un mismo modus operandi: los compradores de un local comercial identificado como corralón, dedicado a la venta de artículos para la construcción, abonaban los materiales —en efectivo, mediante transferencias o billeteras virtuales—, pero no recibían la entrega de los productos. En algunos casos solo se concretaba una parte de la operación, y en otros, el compromiso de envío nunca se cumplía.
De acuerdo con el informe elaborado por personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, cuando los plazos se vencían, los clientes acudían al local comercial, donde recibían distintas excusas sobre demoras o faltas de stock. Finalmente, el comercio cerró sus puertas y los responsables se ausentaron del lugar, lo que motivó la presentación masiva de denuncias.
Del análisis de las actuaciones, la Fiscalía estableció que el perjuicio económico total asciende a más de 38 millones de pesos, evidenciándose una maniobra reiterada y planificada destinada a obtener dinero mediante engaños.
A partir del entrecruzamiento de datos y tareas de campo, se determinó que los investigados se encontraban residiendo en un camping de La Caldera, donde se concretó el allanamiento.
La fiscal solicitó la detención de ambos investigados y la inmovilización de 13 cuentas bancarias de los denunciados, librando oficios a siete entidades financieras.
