Debora
Las autoridades de la provincia de Salta dispusieron la suspensión preventiva de 21 efectivos de la Brigada de Investigaciones N.º 2 de Orán, luego de detectarse la desaparición de 62,5 millones de pesos que permanecían bajo custodia judicial tras un operativo realizado en abril.
El dinero había sido secuestrado por orden de la Fiscalía de Orán, en el marco de una causa por robo, y se encontraba almacenado en dependencias policiales a la espera de su restitución a los propietarios. La irregularidad salió a la luz cuando, al disponerse la devolución, se constató la falta de una suma considerable, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Penal 1 de Orán, a cargo de Daniela Murua.
El jefe de la Policía de Salta, Diego Antonio Bustos, explicó el accionar institucional:
“Al tomar conocimiento de que en la Brigada de Investigaciones N.º 2 faltaba cierta cantidad de dinero que debía ser entregada a las personas afectadas, inmediatamente se informó a la Fiscalía de turno sobre la situación”.
Bustos precisó que en la unidad trabajaban 20 efectivos y un oficial recientemente trasladado a Pichanal, quien había tenido participación directa en el procedimiento.
“Todos fueron suspendidos de manera automática para garantizar la transparencia en la investigación. Actuamos de inmediato y dejamos que la Fiscalía avance con sus pericias”, señaló.
La medida busca evitar cualquier tipo de interferencia en el proceso judicial y asegurar que los investigadores actúen sin condicionamientos.
“En casos similares hemos procedido del mismo modo. Cuando se detecta una irregularidad de esta magnitud, la prioridad es preservar la transparencia y la credibilidad de la institución”, remarcó el jefe policial.
Mientras tanto, personal de otras brigadas fue asignado para continuar con las tareas operativas y custodiar a los detenidos que permanecían en la dependencia.
La investigación penal avanzó con la detención de uno de los oficiales, tras comprobarse que había recibido el oficio judicial para la entrega del dinero y no cumplió con la orden.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal Daniela Murua imputó al funcionario por los delitos de hurto calificado con llave retenida, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con la causa, el acusado tenía a su cargo la custodia de los fondos y habría retenido una llave del cofre de seguridad, lo que le habría permitido acceder al dinero y sustraer parte de la suma sin autorización.
Durante el procedimiento, la fiscal dispuso el secuestro del teléfono celular del imputado y otros elementos de interés probatorio, además de la realización de pericias complementarias.
Desde el Ministerio Público no se descarta que, con el avance de las investigaciones, se amplíen las imputaciones o se adopten nuevas medidas procesales.
“Todo está bajo análisis. Hay contradicciones en las declaraciones y una demora injustificada en cumplir la orden fiscal que disponía la entrega de los bienes”, indicaron fuentes judiciales.
En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad abrió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades disciplinarias del personal involucrado.
Finalmente, Bustos subrayó:
“Como institución no vamos a permitir este tipo de hechos. Por eso, inmediatamente suspendimos a los efectivos involucrados hasta que se establezca la verdad judicial”.
