Nicolás
FRENTE A FRENTE.-En la décimo octava jornada del juicio contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta y otros imputados, se continuó la recepción de pruebas testimoniales. La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal, encabezada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
En esta ocasión, declaró un interno, cuyo nombre se mantiene en reserva debido a medidas de protección. El testigo, alojado en la Unidad 16 de Cerrillos, detalló cómo, para obtener su libertad, tuvo que realizar diversos pagos. Explicó que, inicialmente, pagó para incrementar su calificación interna de 0-0 a 10-9, lo que le otorgó beneficios.
Además, su padre tuvo que abonar dinero para que pudiera acceder a permisos temporales fuera del penal. Posteriormente, también pagó por su traslado a la Granja Penal, un régimen de semilibertad. El testigo indicó que estos pagos le generaron deudas, incluso utilizando carne del negocio familiar, afectando su situación personal.
El juicio involucra a veinte imputados. Los funcionarios penitenciarios enfrentan cargos por exacciones ilegales agravadas, venta de estupefacientes en un lugar de detención y asociación ilícita. Los demás acusados, incluidos internos y familiares, son señalados por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita.
El tribunal que lleva el caso está conformado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.
